Victoria, Tamaulipas.- Luego de que el padre de Dafne, quien se desempeñaba como director de una escuela y fue señalado por un presunto delito de violación, fuera separado del cargo, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, aseguró que ningún trabajador de la dependencia permanece en funciones cuando existe una notificación oficial de la autoridad que determine su separación.
El funcionario reveló que la Secretaría de Educación tiene identificadas alrededor de 62 carpetas de investigación relacionadas con trabajadores de la educación, aunque aclaró que no todas corresponden a la actual administración.
Explicó que algunos de estos expedientes tienen 10 o hasta 15 años de antigüedad, por lo que se trata de investigaciones que permanecen abiertas desde administraciones anteriores.
Ante la preocupación de padres de familia y comunidades escolares sobre la posibilidad de que existan otros docentes o directivos investigados por delitos, Valdez García sostuvo que la dependencia actúa a partir de las notificaciones que recibe de las autoridades competentes.
“Son 62, no son de esta administración; algunas tienen más de 10 años, 15 años abiertas”, señaló.
Aseguró que los trabajadores que han sido notificados formalmente sobre una situación que amerite su separación permanecen fuera de sus funciones mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.
“Estamos al día, puesto que en el marco legal todo profesor o todo directivo tiene que no tener procesos abiertos que puedan afectar los derechos humanos en la integración”, afirmó.
El secretario sostuvo que, con este mecanismo, padres de familia, alumnos y maestros tienen la garantía de que la Secretaría actuará cuando exista una determinación oficial, aunque enfatizó que no pueden proceder únicamente con base en señalamientos o versiones.
“No es sobre dichos o hechos, sino sobre notificaciones que nos hace la autoridad competente”, puntualizó.
La situación laboral de los trabajadores involucrados, agregó, queda sujeta a las resoluciones de las autoridades judiciales y laborales, que determinarán si deben ser reinstalados, recibir pagos retroactivos o perder definitivamente su puesto.