El Instituto Nacional Electoral puso en marcha lo que podría derivar en una “purga” de candidatas y candidatos, que podría dejar en forma anticipada fuera de la contienda cívica a un significativo número de hombres y mujeres aspirantes a un cargo de elección popular.
El operativo, que involucra a autoridades penales, civiles, familiares y domésticas entre otros segmentos, tanto municipales como estatales y federales, implica una búsqueda de aspirantes que pudieran haber burlado en los aspectos mencionados.
A partir de hoy y hasta el 5 de marzo, el INE a través de esas autoridades verificará que esas personas no tengan sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia doméstica, violencia a la intimidad sexual, violencia política, o sean deudores alimentarios.
Es decir, que no incurran en cualquiera de los supuestos de la “8 de 8” contra la violencia, que para el PEF 2023-2024, constituye un instrumento normativo para determinar la pérdida del registro de las candidaturas que se ubiquen en cualquiera de los supuestos mencionados.
A partir de que el pasado 29 de febrero el Consejo General aprobó el registro de las candidaturas procedentes a diputaciones federales, senadurías y Presidencia de la República, postuladas tanto por partidos políticos como de forma independiente para el proceso electoral, este 2 de marzo el INE publicará la lista en su portal web e iniciará la verificación a través de distintos medios.
Todas las candidaturas debieron llenar un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, en el que afirman no encontrarse en algunos de los supuestos mencionados.
Asimismo, la ciudadanía podrá hacer llegar información al INE, mediante formularios que puede encontrar en la página institucional o acudir a partir de hoy y hasta el 2 de abril a cualquiera de los consejos locales o distritales de todo el país.