El Gobierno de Tamaulipas y el Congreso del Estado trabajan en una reforma electoral “más ambiciosa” que la aprobada a nivel federal, la cual contempla endurecer los requisitos para acceder a cargos de representación proporcional y abrir un proceso de consulta pública en la Entidad.

El subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez, explicó que además de armonizar la legislación local con la reforma nacional, la intención es fortalecer el sistema electoral tamaulipeco con nuevas medidas.

Entre las propuestas que actualmente analiza la Subsecretaría destacan aumentar del 3 al 5 por ciento el porcentaje mínimo para acceder a una diputación plurinominal, así como elevar el requisito para obtener regidurías de representación proporcional.

“Estamos trabajando por un proyecto incluso un poco más ambicioso. Sin duda nos vamos a ajustar a la legislación federal, pero tenemos pensado reforzarla”, declaró.

El funcionario señaló que las propuestas han llegado a través de correos electrónicos y otros mecanismos ciudadanos, por lo que la intención es someterlas al escrutinio público mediante foros abiertos.

Indicó que dichos encuentros podrían arrancar en aproximadamente dos semanas y se desarrollarían en distintos municipios de Tamaulipas, con participación de ciudadanía, partidos políticos y autoridades electorales.

“La idea es que sea en todo el Estado. Tiene que tener una participación generalizada”, sostuvo.

Rómulo Pérez afirmó que el objetivo es construir una reforma con consenso social y político, evitando imponer modificaciones sin consulta previa.

“Fácil podríamos hacerlo directamente sin consultar a nadie, pero este es un gobierno humanista que busca apertura hacia la sociedad”, expresó.

Sobre los tiempos para concretar la reforma y que pueda aplicarse en la elección de 2027, reconoció que el principal reto será cumplir con los plazos legales antes del inicio del proceso electoral en septiembre del próximo año.

El subsecretario también descartó que exista actualmente una propuesta formal para reducir a dos años el próximo periodo gubernamental en Tamaulipas, al considerar que un mandato tan corto frenaría el avance administrativo y obligaría al Estado a permanecer en constantes procesos de entrega-recepción.