Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Seis expedientes de cuentas públicas con presuntas irregularidades que estaban en riesgo de prescribir fueron reactivados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), con el propósito de evitar que los plazos legales impidan continuar los procedimientos de responsabilidad.

El Auditor, Francisco Noriega Orozco, confirmó que se retomó el impulso procesal de estos asuntos, correspondientes a ejercicios anteriores, para dar seguimiento a las observaciones y turnarlas ante las autoridades competentes.

“Se retomó el impulso procesal de seis asuntos correspondientes a cuentas públicas anteriores. La intervención busca evitar que el transcurso de los plazos cierre la posibilidad de continuar las acciones legales”, señaló.

Sin embargo, el auditor no precisó los nombres de los posibles responsables, los montos involucrados ni los municipios a los que corresponden los expedientes.

Noriega Orozco sostuvo que detectar irregularidades no es suficiente si las observaciones no avanzan hacia las instancias responsables de determinar posibles sanciones.

El titular de la ASE informó que el balance global de la fiscalización incluye cerca de 8 mil 500 millones de pesos en promociones de responsabilidad administrativa y casi 5 mil millones en pliegos de observaciones.

También reportó un aumento en el seguimiento de expedientes de ayuntamientos: del 27 por ciento correspondiente a la cuenta pública 2022 pasó al 86 por ciento en los ejercicios 2023 y 2024.

La reactivación de los seis expedientes ocurre frente al antecedente de más de 500 cuentas públicas del periodo 2011-2017 que fueron declaradas prescritas, lo que cerró la posibilidad de continuar acciones legales relacionadas con esos casos.

Noriega Orozco agregó que, nueve meses después de concluir la fiscalización de la cuenta pública 2023, la ASE había promovido 61 expedientes ante las autoridades competentes.

Como referencia, contrastó esa cifra con los 23 expedientes registrados durante un periodo de ocho años por su antecesor.

Aunque las cifras muestran un incremento en la promoción de asuntos, la ASE no detalló cuántos de los procedimientos han derivado en sanciones o en la recuperación de recursos públicos.