Victoria, Tamaulipas.- La discusión sobre el control del poder político y los gastos en las instituciones electorales llegó al Congreso de Tamaulipas con una iniciativa que plantea modificar de fondo las reglas de participación y representación en el Estado.
El gobernador Américo Villarreal Anaya envió a la Legislatura 66 una propuesta de reforma electoral que contempla poner fin a la reelección inmediata de funcionarios de elección popular, prohibir candidaturas ligadas por parentesco con autoridades en funciones y reducir el número de integrantes en los cabildos municipales.
La iniciativa busca adecuar la Constitución local a los recientes cambios aprobados a nivel federal en materia de austeridad republicana y combate al nepotismo político, en medio de un escenario nacional marcado por el debate sobre privilegios y permanencia en el poder.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de la reelección consecutiva para diputadas y diputados locales, quienes ya no podrían competir para permanecer de manera inmediata en el cargo.
A la par, se establece un candado para impedir que familiares directos de servidores públicos en funciones accedan a determinadas candidaturas.
La restricción aplicaría en los casos de aspirantes a diputaciones locales y a la gubernatura cuando exista matrimonio, concubinato o parentesco hasta cuarto grado con quien ocupe el cargo público correspondiente.
Otro de los apartados plantea adelgazar la integración de los ayuntamientos.
De aprobarse, los cabildos quedarían conformados por una sola sindicatura y un máximo de 15 regidurías, manteniendo criterios de paridad de género e igualdad sustantiva.
La propuesta también apunta hacia los organismos electorales, donde se pretende limitar percepciones y eliminar prestaciones consideradas excesivas.
Consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas y magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas perderían beneficios como seguros médicos privados, fondos especiales de retiro y otros apoyos adicionales al salario.
En materia presupuestal, la iniciativa fija además un tope para el gasto legislativo, al establecer que el presupuesto anual del Congreso del Estado no deberá superar el 0.70 por ciento del gasto total estatal.
Según la exposición de motivos, la intención es construir instituciones “más eficientes, austeras y cercanas a la ciudadanía”, además de liberar recursos públicos para destinarlos a áreas prioritarias para las familias tamaulipecas.
El documento sostiene que estas medidas permitirían reducir la concentración del poder político, fortalecer la equidad en las contiendas electorales y responder al reclamo social de disminuir privilegios dentro del servicio público.
Ahora corresponderá al Congreso local revisar el contenido de la reforma, debatir sus alcances, aprobarla o rechazarla.