Nuevas disposiciones legales permitirán a las autoridades actuar de inmediato contra notarios públicos bajo sospecha, incluso antes de que se concrete un daño patrimonial, en una medida que busca blindar la certeza jurídica de la ciudadanía.
Desde el Congreso del Estado, el diputado Sergio Ojeda Castillo advirtió que vienen cambios contundentes en la regulación de la función notarial, con el objetivo de frenar irregularidades que por años han generado incertidumbre en operaciones legales clave.
Las nuevas disposiciones contemplan que la autoridad administrativa podrá intervenir de manera preventiva durante inspecciones o investigaciones, cuando existan indicios de posibles anomalías en el actuar de algún notario.
Esto significa que, ante señales de alerta, se podrán aplicar medidas provisionales para evitar que se concreten fraudes, abusos o actos que afecten la legalidad de trámites como compraventas, testamentos o contratos.
“Se trata de actuar a tiempo, no cuando el daño ya está hecho”, se enfatizó, dejando claro que el enfoque cambia de reacción a prevención.
Las medidas serán temporales, proporcionales y sustentadas legalmente, garantizando el derecho de audiencia y el debido proceso, pero con un mensaje firme: no habrá espacio para irregularidades en una función que impacta directamente en el patrimonio de las familias.
La función notarial, considerada de interés público, es clave para dar certeza jurídica en decisiones que marcan la vida de las personas, por lo que estas nuevas reglas buscan fortalecer la confianza ciudadana y cerrar vacíos legales que antes limitaban la actuación inmediata de la autoridad.
Con esto, el Congreso pretende poner un alto a prácticas indebidas y reforzar la vigilancia sobre quienes tienen en sus manos actos de gran trascendencia legal.