Con la reciente creación de la Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital, encabezada por Edwin Tuexi Amaro, el Gobierno de Tamaulipas pone fin a la dispersión de sistemas, proyectos aislados y compras tecnológicas sin coordinación, al establecer una rectoría única para toda la administración estatal.

Y es que había dependencias que desarrollaban plataformas, contrataba servicios tecnológicos o implementaba sistemas de manera aislada, ahora existe una autoridad única encargada de ordenar, supervisar y coordinar toda la estrategia tecnológica gubernamental.

Esta transformación quedó formalizada con la publicación de la Política Estatal de Rectoría y Gobernanza Tecnológica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, firmada por el titular de la dependencia, Edwin Tuexi Amaro, cuyo objetivo es evitar la fragmentación tecnológica, las duplicidades, las incompatibilidades entre sistemas y las erogaciones innecesarias de recursos públicos.

El acuerdo establece que la nueva Secretaría será la instancia responsable de conducir la política tecnológica estatal, definir la arquitectura digital gubernamental, coordinar la interoperabilidad entre dependencias y supervisar el desarrollo, adquisición e implementación de proyectos tecnológicos en toda la administración pública.

Ahora, ningún proyecto relevante relacionado con software, plataformas digitales, servicios en la nube, inteligencia artificial, telecomunicaciones, infraestructura tecnológica, sistemas críticos o soluciones de ciberseguridad podrá avanzar sin los mecanismos de evaluación, validación, autorización o dictaminación técnica previstos por la nueva política.

La estrategia busca construir un ecosistema tecnológico estatal más eficiente, seguro y conectado, mediante un inventario único de activos tecnológicos, un portafolio estatal de proyectos, estándares obligatorios de seguridad informática y mecanismos que permitan compartir infraestructura y soluciones entre dependencias.

Uno de los mensajes más contundentes del nuevo modelo es que las dependencias ya no podrán implementar unilateralmente arquitecturas, plataformas o sistemas que puedan afectar la interoperabilidad, la seguridad de la información o la infraestructura tecnológica compartida del Estado, debiendo coordinar previamente estas acciones con la Secretaría.

Además, la política incorpora reglas para el uso de inteligencia artificial, protección de datos, ciberseguridad, servicios digitales, continuidad operativa y recuperación ante desastres, colocándose como uno de los marcos regulatorios tecnológicos más amplios adoptados por la administración estatal.