Edgar Ulises Ramos Azuara denunció que la actuación de Daniela Karina López Garza podría configurar violaciones a la legalidad y al debido proceso laboral, tras presuntas omisiones en la ejecución de un laudo emitido a su favor contra la OPD Salud Tamaulipas.

De acuerdo con el afectado, desde la llegada de la funcionaria a la Junta Especial Número 2 comenzaron retrasos reiterados en procedimientos relacionados con embargos, requerimientos de pago y cumplimiento de resoluciones judiciales derivadas de un juicio laboral iniciado desde 2014.

Ramos Azuara explicó que, pese a existir amparos federales concedidos para obligar a la autoridad laboral a ejecutar diligencias pendientes, las actuaciones avanzan lentamente y en algunos casos —aseguró— únicamente bajo presión judicial.

El afectado sostuvo que la titular de la Junta habría incumplido principios establecidos en la legislación laboral vigente, particularmente los relacionados con la obligación de impartir justicia pronta y expedita, además del deber de ejecutar de manera inmediata las resoluciones laborales firmes.

Entre las principales irregularidades denunciadas destacan presuntas dilaciones injustificadas para girar oficios de embargo, negativa de aplicar medidas de apremio y omisión de cuentas bancarias propuestas por la parte trabajadora para garantizar el pago del laudo.

Según el testimonio, uno de los oficios de embargo fue elaborado el 23 de marzo de 2026, pero entregado al banco hasta el 14 de abril, es decir, 20 días después, pese a tratarse de una diligencia considerada urgente dentro del procedimiento de ejecución laboral.

El afectado señaló además que el banco requerido incumplió el plazo legal para responder al embargo sin que la Junta Especial Número 2 aplicara sanciones o multas previstas en el propio oficio judicial.

“Me dijeron nuevamente que promoviera otro amparo para obligar a ejecutar un procedimiento que ya estaba ordenado”, afirmó.

Retrasar injustificadamente la ejecución de laudos laborales podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso en posibles violaciones al derecho humano de acceso efectivo a la justicia, reconocido en la Constitución y en tratados internacionales.

Además, la omisión en el cumplimiento de resoluciones derivadas de amparos puede generar consecuencias legales para autoridades responsables, especialmente cuando existe reiteración en el incumplimiento o resistencia a ejecutar mandatos judiciales.

El caso de Edgar Ulises Ramos Azuara se originó tras su despido en septiembre de 2014 y su posterior reinstalación en mayo de 2024 en la Jurisdicción Sanitaria Número 12 de Altamira.

Hasta el momento, Daniela Karina López Garza no ha emitido un posicionamiento público respecto a las acusaciones realizadas en su contra.