La Contraloría Gubernamental mantiene abiertas 3 mil 014 investigaciones por posibles faltas administrativas cometidas por funcionarios públicos, sin hacer diferencia entre exservidores y actuales colaboradores del Gobierno Estatal.
Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la dependencia, detalló que los expedientes —conocidos como EPRAS— han sido integrados a partir de auditorías realizadas por organismos como la Auditoría Superior de la Federación, la del Estado, la Secretaría Anticorrupción y la propia Contraloría.
Del total de casos, mil 019 corresponden a la gestión anterior, y aunque aproximadamente el 70 por ciento de ellos se encuentran prescritos, la funcionaria aclaró que por obligación legal deben seguir su curso hasta el cierre administrativo correspondiente.
El resto de los expedientes proviene de revisiones recientes, así como de denuncias ciudadanas y observaciones surgidas del proceso de entrega-recepción.
En lo que va del actual sexenio, se han iniciado 104 expedientes administrativos contra funcionarios en funciones; de estos, 34 se abrieron durante el presente año.
Pedraza Melo enfatizó que no existe trato desigual ni sesgo en las indagatorias. “La ley se aplica por igual; no distinguimos entre administraciones. Nos apegamos al principio de legalidad”, subrayó.
Además, recordó que las faltas administrativas graves prescriben en un periodo de siete años, mientras que las no graves lo hacen en tres, por lo que todas las investigaciones deben atenderse puntualmente para evitar su cierre por vencimiento.