Victoria, Tamaulipas. – A pesar de que han transcurrido dos años desde el inicio de la actual administración estatal, las irregularidades detectadas en el gobierno cabecista siguen saliendo a la luz.

La Coordinadora Jurídica del Estado, Tania Contreras, confirmó que hasta el momento se han presentado 102 denuncias ante la Fiscalía, derivadas de hallazgos en distintas dependencias.

Entre los casos más recientes, se ejecutó una orden de aprehensión contra un exfuncionario vinculado a la contratación irregular de despensas. “Estará sujeto a un juicio en el que hará valer sus derechos, y un juez determinará si existe responsabilidad en el proceso de contratación”, explicó Contreras.

La funcionaria detalló que la falta de un proceso formal de entrega-recepción ha complicado la revisión de la administración pasada, lo que ha llevado a que aún hoy, dos años después, se sigan encontrando irregularidades en contratos, obra pública y adquisición de bienes y servicios.

“Los secretarios siguen detectando hallazgos que podrían representar conductas fuera de la legalidad. No se trata de una cacería de brujas, sino de cumplir con la obligación de denunciar cualquier anomalía”, señaló.

Contreras confirmó que hay varios exfuncionarios bajo investigación, aunque evitó dar nombres. Sobre la exfuncionaria Yalhel Abdala, quien ha sido señalada en distintas ocasiones, se reservó los avances del caso, garantizando su derecho a la presunción de inocencia.

Comento que el Gobierno del Estado también suspendió pagos a proveedores cuando se detectaron contratos irregulares, principalmente por sobreprecios y licitaciones amañadas.

Sin embargo, aclaró que aquellos que puedan demostrar que sus procesos fueron legales podrán reclamar sus pagos por la vía judicial.

Hasta ahora, del total de denuncias presentadas, una persona ha sido sentenciada, tres más cuentan con órdenes de aprehensión y el gobierno sigue avanzando en la judicialización de los casos.

“Seguimos revisando y presentando denuncias conforme encontramos más anomalías. Es un proceso que no ha terminado”, concluyó la Coordinadora Jurídica.