El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara al movimiento Antifa como una “organización terrorista doméstica”, acusándolo de promover un patrón sistemático de violencia política y de intentar socavar el estado de derecho en el país.

El documento oficial acusa a Antifa de ataques violentos contra agentes del ICE y otras autoridades, señalando que estas acciones forman parte de su estrategia para coaccionar e intimidar a sectores políticos y civiles. La orden instruye a todos los departamentos y agencias federales a usar sus facultades para investigar, desmantelar y perseguir cualquier operación vinculada al movimiento, incluyendo apoyo material a sus acciones.

Trump enfatizó que la medida se implementará conforme a la ley vigente, y que no genera derechos legales exigibles contra el Gobierno o sus funcionarios.

Antifa es un movimiento descentralizado de izquierda, crítico de grupos de extrema derecha, racistas y fascistas. Aunque carece de una estructura formal o liderazgo, ha sido señalado por el presidente como responsable de la violencia en Estados Unidos, especialmente tras el asesinato del activista ultra conservador Charlie Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre en Utah.

Durante el fin de semana, más de 90.000 personas asistieron al velorio de Kirk, un evento liderado por Trump y su gabinete, donde el mandatario reiteró sus acusaciones contra la “izquierda extrema”.

Expertos recuerdan que Antifa funciona más como ideología que como organización formal. En 2020, el entonces director del FBI, Christopher Wray, sostuvo que el grupo no contaba con líderes ni estructura jerárquica, lo que hace compleja cualquier persecución judicial. No obstante, la orden ejecutiva otorga a las autoridades facultades para investigar y procesar a quienes actúen bajo su nombre o financien sus acciones.

Con esta medida, Trump refuerza su estrategia de responsabilizar a grupos antifascistas de la violencia política que se vive en Estados Unidos, mientras los analistas advierten que la definición de “terrorismo doméstico” podría abrir debates legales y constitucionales en el país.