Iberdrola no tendrá que pagar, por ahora, la histórica multa de 9,145 millones de pesos impuesta por el regulador energético de México; un juez otorgó el miércoles una suspensión definitiva sobre el pago mientras dura el juicio de amparo según recoge el expediente público y relatan a este periódico fuentes conocedoras del caso.
La multinacional española reclamaba la suspensión como medida cautelar frente a la sanción de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El enfrentamiento legal tiene como fondo el pulso entre el Gobierno mexicano y las empresas del sector.
La suspensión definitiva supone una primera victoria para Iberdrola, el principal productor privado de energía en México, sin embargo, la CRE aún puede impugnar la decisión ante un tribunal superior, por lo que la batalla legal se prevé larga.
La cuantiosa multa que busca recolectar el regulador mexicano representa casi la mitad de los beneficios netos que la multinacional reportó a escala global para el primer trimestre del año. En septiembre, se celebrará una audiencia para abordar el fondo del asunto: la legalidad de la operación de una de las numerosas plantas que Iberdrola tiene en el país.
Detrás de esta batalla judicial está el intento del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por limitar la participación privada en el sector energético y fortalecer a la CFE.
Aunque la reforma constitucional eléctrica propuesta por el Ejecutivo fue rechazada por la Cámara de Diputados en abril, las autoridades buscan ahora revertir mediante procesos administrativos ciertos permisos que consideran ilegales.
Iberdrola ha sido denostada repetidamente por el mandatario, quien la ha acusado de corrupción, y le ha afectado, además, el nombramiento del expresidente Felipe Calderón, uno de los críticos más vocales de la actual Administración, como consejero de una filial hace varios años.
Sin embargo, la denuncia contra la multinacional española no fue la única presentada por la CFE ante la CRE. De hecho, su director general, Manuel Bartlett, advirtió recientemente que demandarían por daños y perjuicios al resto de las 110 sociedades de autoabastecimiento que consideran “ilegales”. El regulador, un ente supuestamente autónomo, es visto como un aliado clave en la agenda energética de López Obrador.