México, Brasil, Colombia y Honduras suman a 134 periodistas asesinados entre 2012 y 2021, con lo que concentran el 90 % de los casos en Latinoamérica y son un reflejo de la ineficiencia de los programas de protección, según un reporte publicado este martes por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y realizado en colaboración con la Unesco.

Además, en los dos primeros meses de 2022 se registraron otros siete homicidios de comunicadores -cinco de ellos en México-, según detalló el informe “Bajo riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina“, resultado de una exhaustiva investigación y comparación de los mecanismos de protección para informadores de los cuatro países más afectados por la violencia contra la prensa.

El documento “proporciona por primera vez una perspectiva regional sobre los mecanismos, pero sin pasar por alto especificidades, y llega en un momento de gran vulnerabilidad para la prensa latinoamericana”, dijo en una conferencia de prensa de presentación Emmanuel Colombié, director regional de RSF para América Latina.

En este sentido, la organización recordó que los periodistas también son víctimas de agresiones físicas y verbales, amenazas, secuestros o detenciones arbitrarias, en las que pueden enfrentarse a procedimientos judiciales abusivos, actos de espionaje o la destrucción de su material de trabajo, entre otros abusos.

“Los asesinatos solo son la punta del iceberg de las violencias perpetradas contra la prensa y la forma más visible y extrema de la censura que se aplica de facto contra la información en estos cuatro países”, detalló RSF en un comunicado.

Mecanismos y programas de protección en Latinoamérica

Ante esto, y gracias a la presión ejercida por la sociedad civil y las organizaciones internacionales, los Gobiernos de los países estudiados cuentan con programas de protección para periodistas.

Estos mecanismos evalúan cada situación particular y ofrecen distintas medidas de protección, que pueden ser patrullas policiales de vigilancia, “botones de pánico”, vehículos brindados, instalación de cámaras de seguridad o chalecos antibalas, entre otras.

Sobre estos programas, RSF realizó un trabajo de investigación para ofrecer una perspectiva regional y sobre las diferencias de cada país, además de aportar 80 recomendaciones para mejorar los mecanismos.

De manera general, el análisis detectó que, en primer lugar, la mera existencia de dichos mecanismos es positiva para los informadores, pero también que los cambios son urgentes en estos programas -que cuentan con “fallos estructurales importantes”- para que sean realmente eficaces.

“Destacar que para asegurar la capacidad de garantizar la protección los mecanismos no pueden entenderse como engranajes aislados cuya única intención es garantizar la seguridad física. Tienen que vincularse con instituciones y organismos para combatir las causas profundas y obtener justicia”, dijo en la conferencia de prensa Colombié.

Diagnóstico y solución por país

En Honduras, RSF detectó que la falta de presupuesto debilita al Sistema Nacional de Protección hasta hacerlo prácticamente inviable por la incapacidad de adoptar medidas efectivas “y generando desconfianza y frustración generalizadas”.

Sin embargo, existe un sólido marco regulatorio logrado por la sociedad civil que ofrece posibilidades de mejorar el mecanismo en caso de que hubiese compromiso real por parte del Estado.

Honduras necesita, según el análisis de la organización, aumentar el personal y la cantidad de medidas ofrecidas, garantizar la participación de la sociedad civil en las evaluaciones, realizar seguimiento de plazos y dar efectividad a las medidas para así garantizar una atención integral.

En México, RSF encontró graves deficiencias a la hora de sentenciar a los agresores, con lo que se limita la capacidad de respuesta en un país donde la prensa “ha sido y sigue siendo estigmatizada por los poderosos”, según el informe.

Pero el país cuenta con participación social institucionalizada en el mecanismo, con lo que se puede lograr una evolución en las políticas públicas, apuntó.

Para ese país, RSF recomienda la división de responsabilidades -siempre con coordinación- entre los niveles federal y local, mayor inclusión de la sociedad civil y un aumento “considerable” en el presupuesto, además de la inclusión de medidas de urgencia eficaces y un enfoque interseccional que tenga en cuenta el género, etnia o diversidad sexual, entre otras.

Colombia cuenta con el gran problema de la falta de transparencia y participación social de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la falta de compromiso por parte de las instituciones para abordar las causas estructurales de la violencia, por lo que su mecanismo se limita a la provisión de protección física.

Por otra parte, cuenta también con un sólido marco regulatorio y un buen presupuesto, que permite que haya 8.000 beneficiarios.

En ese país es necesario que se adopte una visión integral de la protección que vaya más allá de lo físico, que se garantice la seguridad y fiabilidad en la gestión de datos personales y se entienda que cada persona protegida tiene sus especificidades.

Brasil, al contrario, tiene un frágil marco normativo que deriva en medidas insuficientes e ineficaces, especialmente en los estados donde no se ha implementado el Programa de Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH).

Aun así, gracias a la presencia de organizaciones de la sociedad civil en la gestión del PPDDH en los estados se logra construir una perspectiva de derechos humanos y una visión integral de protección.

En Brasil es imprescindible, según la organización, la creación de una ley que instaure “un auténtico programa de protección” a nivel nacional basado en la colaboración permanente entre la sociedad civil y las autoridades, un aumento de presupuesto y la elaboración de protocolos para proteger al colectivo, señaló el informe.