La Corte Civil de Miami, Florida, ha emitido una sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, obligándolos a pagar un total de 2,488 millones de dólares al gobierno mexicano. La jueza Lisa Walsh determinó que García Luna debe abonar 748 millones de dólares, mientras que Pereyra deberá cubrir 1,740 millones, como compensación por su participación en un esquema de corrupción y lavado de dinero que operó durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La sentencia se deriva de una demanda civil presentada en septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, la cual acusó a García Luna y a su esposa de desviar más de 650 millones de dólares del erario público mediante contratos fraudulentos con empresas vinculadas a ellos. Estos fondos fueron transferidos a cuentas en Estados Unidos y utilizados para adquirir propiedades y otros activos en Florida.
Durante el proceso judicial, ni García Luna ni Pereyra respondieron a las acusaciones. La jueza Walsh señaló que, a pesar de las advertencias sobre las consecuencias de su inacción, ambos optaron por no defenderse, lo que resultó en un fallo en su contra.
Esta condena civil se suma a la sentencia penal de 38 años de prisión que García Luna recibió en octubre de 2024 por cargos de narcotráfico y delincuencia organizada, tras ser hallado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa mientras ocupaba su cargo en el gobierno mexicano.
El gobierno de México ha iniciado procedimientos para recuperar los activos adquiridos con los fondos desviados, incluyendo la incautación y venta de propiedades en Estados Unidos. Los recursos recuperados serán reintegrados al erario mexicano.
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Este caso representa un precedente significativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad, al tratarse de la primera vez que un alto exfuncionario mexicano y su cónyuge son condenados en el extranjero por desvío de recursos públicos.