Estados Unidos anunció este jueves que ha conseguido la liberación de 135 presos políticos “injustamente detenidos en Nicaragua” y agradeció a Guatemala su “generosidad” por haber aceptado recibirlos. Según la Casa Blanca, entre los liberados figuran 13 miembros de la organización evangélica radicada en Texas Mountain Gateway, laicos católicos, estudiantes y otras personas que el mandatario nicaragüense Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo “consideran una amenaza para su régimen autoritario”.
La liberación tuvo lugar “por motivos humanitarios”, señala el asesor Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en un comunicado. Estados Unidos “agradece el liderazgo y la generosidad del gobierno de Guatemala por aceptar amablemente a estos ciudadanos nicaragüenses”, añade. Una vez en Guatemala podrán “solicitar vías legales para rehacer sus vidas en Estados Unidos o en otros países a través de la iniciativa de la Oficina de Movilidad Segura”, precisa.
Washington hace un llamamiento al gobierno de Nicaragua para que “ponga fin de inmediato a las detenciones y encarcelamientos arbitrarios de sus ciudadanos por el mero hecho de ejercer sus libertades fundamentales”. El gobierno de Ortega reprimió duramente a las voces críticas tras las protestas prodemocracia de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU. En 2023 excarceló, expulsó y despojó de nacionalidad y de sus bienes a 316 políticos, periodistas, intelectuales y activistas críticos, a quienes acusó de traición a la patria.
También arremetió contra la iglesia católica y cerró unas 5 mil 500 oenegés, muchas de ellas religiosas. En el comunicado, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta y candidata demócrata a las elecciones de noviembre Kamala Harris agradecen al mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo “su continuo liderazgo en toda la región a la hora de abordar cuestiones humanitarias y defender la libertad democrática”.
Nicaragua juzgará a quienes cometan acciones contra el gobierno desde el exterior
El Congreso de Nicaragua aprobó este martes comenzar a juzgar a quienes cometan acciones contra el gobierno de Daniel Ortega en el exterior, una decisión que opositores consideran que será una “herramienta de represión transnacional”. Una reforma al código penal, aprobada por unanimidad, impone penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones contra el gobierno de Managua, lo que es tipificado como “menoscabo de la integridad nacional” y queda abierto a la interpretación de los tribunales, señalados —igual que el Congreso— de estar controlados por Ortega.
La norma, que abarca a nicaragüenses y extranjeros e incluye la posible confiscación de bienes, fue aprobada el mismo día en que la ONU advirtió del “grave” deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasado, con un aumento de detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución a todos los “percibidos como disidentes” por el gobierno de Ortega. La reforma, que entrará en vigor al ser publicada en el diario oficial, establece que también pueden ser sancionadas empresas y oenegés.
“Estas reformas están encaminadas a fortalecer la labor de las instituciones de nuestro país encargadas del enfrentamiento a la criminalidad organizada transnacional”, dijo durante la sesión la diputada oficialista María Auxiliadora Martínez.
Para la oposición nicaragüense, exiliada mayoritariamente en Costa Rica, Estados Unidos y España, la reforma al código penal busca dar un marco jurídico a las prácticas “represivas” de Ortega contra la disidencia. Aseguran que Ortega de este modo “extiende su alcance represivo a nivel internacional” para “silenciar a la oposición en cualquier lugar del mundo”.
“Permite al régimen perseguir a cualquier persona, sin importar si se encuentran en Nicaragua o no, y sin necesidad de su presencia en los juicios, consolidando así un marco jurídico que respalda estas prácticas represivas”, dijo el excandidato presidencial Félix Maradiaga, exiliado en Estados Unidos.