El derecho al aborto avanza y retrocede simultáneamente en América Latina, donde al mismo tiempo que se dan pasos significativos en la conquista de los derechos sexuales y reproductivos, como el reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia despenalizando la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, persiste un obstruccionismo que en la práctica impide que las mujeres puedan ejercerlos a plenitud.

Colombia ha sido el último país de la región en sumarse a la “Ola Verde” que recorre con fuerza Latinoamérica, desde que en diciembre de 2020 Argentina aprobara la ley del aborto y posteriormente la Suprema Corte de Justicia de México, en septiembre de 2021, declarara inconstitucional la criminalización del aborto.

Sin embargo, diversos expertos consultados por Efe ven con preocupación la dificultad para ejercer este derecho en países donde la ley lo regula pero en la práctica es muy difícil garantizar la realización de abortos en condiciones adecuadas.

Esta es la opinión de Catalina Martínez Coral, vocera del Movimiento Causa Justa y directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, para quien en la región todavía persisten “grandes restricciones para las mujeres”.

“Preocupa que existan seis países que conservan una total criminalización del aborto (El Salvador, Honduras, Surinam, Haití, República Dominicana y Nicaragua), países donde adolescentes y niñas no pueden llevar a cabo esta práctica bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando el embarazo pone en riesgo sus vidas o cuando es el resultado de una violación”, denuncia.

Y esto ocurre en una región en donde, según datos del Instituto Guttmacher de Nueva York, cada año se practican más de seis millones de abortos, 60 por ciento de los cuales no son seguros.

Para Martínez Coral, el panorama es muy complejo, “no solo porque tiene un fuerte impacto en la vida de las mujeres al no poder acceder a servicios de salud y tener que buscarlos en la clandestinidad, sino también por lo que implica en términos de criminalización, con casos como el de El Salvador, donde mujeres que han querido ejercer este derecho terminan siendo juzgadas por homicidio agravado”.

Con matices que varían de un país a otro, lo cierto es que la lucha de las mujeres latinoamericanas por acceder con plenitud a sus derechos reproductivos sigue siendo agridulce. A continuación se presentan cuatro claves para entender la actual situación:

1. El avance histórico de Colombia

Colombia logró en febrero pasado un avance histórico en materia de derechos sexuales y reproductivos: en un país donde anualmente unas 400 mujeres son procesadas por abortar y varios miles más se ven obligadas a acudir a clínicas clandestinas, una sentencia de la Corte Constitucional determinó que ninguna puede ser juzgada por interrumpir su embarazo hasta la semana 24.

Se convirtió así en el país latinoamericano que contempla el periodo gestacional más amplio para acceder a servicios de aborto.

Martínez Coral aplaude esta decisión, pues se trata de un país en el que cada año muere una media de 70 mujeres debido a los abortos clandestinos. “Este número es un subregistro, sabemos que fallecen muchas más”, agrega esta activista, que echa manos de cifras del Instituto Guttmacher para asegurar que cada año se practican 400 mil abortos, 25 por ciento de los cuales son inseguros y se realizan “sin acceso digno a condiciones de salud”.

En la práctica, el fallo de la Corte Constitucional de Colombia contempla dos aspectos trascendentales: por un lado, “el acceso a los servicios de aborto, que ahora se hace bajo la sola decisión de la mujer, sin tener que presentar, como antes, un certificado que demostrara que su salud estaba en riesgo o que fue víctima de violencia sexual, agrega Martínez Coral.

Un segundo cambio es el que permite que la mujer acceda al aborto en estas 24 semanas sin ser denunciada penalmente. “Sabemos que más del 53 por ciento de casos que existen contra adolescentes y niñas por buscar servicios de aborto provenían del propio sistema de salud. En Colombia hay unos 5 mil procesos abiertos”, recuerda la portavoz del del Movimiento Causa Justa.

Para Martínez Coral, las causales que Colombia tenía hasta ahora no eran siendo suficientes, toda vez que según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) solo en 2020 más de 4 mil niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz.

2. Los más progresistas

Al igual que Colombia, varios países de la región han avanzado en aras de proteger el derecho al aborto, aunque de forma limitada. Las argentinas, por ejemplo, cuentan con una norma en virtud de la cual pueden interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 14 de gestación de forma legal, segura y gratuita.

En México —donde solo en el estado de Oaxaca y en Ciudad de México se admitía la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12—, la Suprema Corte de Justicia estableció en septiembre del año pasado que criminalizar el aborto era ilegal, y reconoció el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido, un fallo que sentó un precedente para su aplicación en los demás estados del país.

En la lista de países con leyes que regulan el aborto figura Cuba, donde las mujeres conquistaron ese derecho en 1965. También Uruguay, —que no solo admite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12, sino que fomenta políticas de prevención y acompañamiento para las mujeres en su salud reproductiva—, así como Guyana, Guayana Francesa y Puerto Rico, país este último donde no existe limite del tiempo gestacional para acceder al aborto.

Aunque con procesos más tímidos, Brasil y Chile también han incluido en sus respectivos códigos penales las variables de violación e inviabilidad del feto para que las mujeres puedan acceder al aborto legal. En el caso de las chilenas, el periodo máximo es las primeras doce semanas.

En Bolivia, está aceptada como causa para abortar el incesto, mientras que en Belice las autoridades tienen en cuenta la realidad socioeconómica de la mujer. Ecuador, por su parte, contempla el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: amenaza a la vida o la salud de la mujer, malformación del feto y agresión sexual.

3. Del hospital a la cárcel

La “Ola Verde”, sin embargo, no ha llegado a varios lugares del Caribe, Suramérica y Centroamérica, con El Salvador y Honduras liderando la lista de países que criminalizan el aborto en todas las circunstancias.

Catalina Martínez Coral critica que en El Salvador “hasta las mujeres que han sufrido emergencias obstétricas (pérdidas involuntarias del embarazo) terminan siendo procesadas penalmente, denunciadas por aborto y posteriormente perseguidas por el delito de homicidio agravado”.

Las leyes son tan duras, denuncia, que muchas salvadoreñas en lugar de recibir atención médica y acompañamiento psicológico, son arrestadas y reciben penas de 2 a 30 años de cárcel.

En Honduras, pese a la creciente presión de los colectivos feministas, el Parlamento blindó el artículo 67 de la Constitución que rechaza la interrupción del embarazo y penaliza totalmente esta práctica.

Lo mismo sucede en Nicaragua, donde está considerado delito desde 2006 y en donde en 2017, la Asamblea Nacional sucumbió a las presiones de distintos sectores religiosos para impedir que se modificara la legislación en la materia.

República Dominicana, que completa varios años con el aborto legal en su agenda pública, no ha logrado sin embargo cambios legales, por lo que este derecho no se admite bajo ninguna causa.

La lista de naciones con estas mismas medidas la completan Haití, que hace un par de años no logró el consenso necesario para despenalizar el aborto hasta la semana 12, como pretendían algunas asociaciones defensoras de derechos, y Surinam.

4. El costo social para niñas y adolescentes

El Centro de Derechos Reproductivos, a través de la campaña ‘Niñas, no madres’ —de la que hacen parte también varias organizaciones regionales— ha documentado el drama “que significa que niñas víctimas de violación no puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y tengan que enfrentar maternidades siendo tan pequeñas”.

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, 12 por ciento de las mujeres de la región ha sufrido algún tipo de violencia sexual.

Un “drama de grandes dimensiones”, asegura la directora para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, pues la región tiene la segunda tasa más alta de embarazos del mundo, con alrededor de 18 por ciento de los nacimientos correspondientes a menores de 20 años, y donde cada año un millón y medio de mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz.

“Esto implica deserción escolar y una precarización en términos sociales y económicos”, reflexiona Martínez Coral, quien sostiene que al final, más allá del tema legal o médico, decidir sobre el aborto significa “para las mujeres poder tomar decisiones informadas sobre el primer territorio sobre el cual se deben tomar esas decisiones: su cuerpo”.