La ONU repudió este viernes el allanamiento en la Curia Episcopal de la ciudad nicaragüense de Matagalpa, en donde fue detenido el Obispo Rolando Álvarez, un crítico del Gobierno de Daniel Ortega.

“La detención del Obispo de Matagalpa, como represalia por su denuncia pública de violaciones de derechos humanos y en favor de las libertades públicas, suprimiría una de las últimas voces críticas en el país”, señala el comunicado de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y el Caribe.

También destacó que el espacio cívico en Nicaragua ha sido prácticamente anulado este año con el cierre de mil 178 organizaciones de la sociedad civil y con el mantenimiento en detención arbitraria de 180 personas, de quienes exigieron su libertad.

La Policía Nacional informó esta mañana que los detenidos fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, la capital del país, y que el Obispo quedó en detención domiciliar y pudo reunirse con representantes de la Conferencia Episcopal.

Álvarez y otras siete personas fueron asediadas por la Policía en esa dependencia desde el pasado 4 de agosto.

Un día después se informó que Álvarez estaba siendo investigado penalmente por intentar conformar grupos violentos e incitar al odio con el propósito de desestabilizar al Estado.

La Oficina destacó que todas estas acciones forman parte de una nueva ola de hostigamiento contra miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua, que en los últimos cuatro meses se manifestó a través de otros actos de acoso, amenazas, allanamientos, detenciones, obstaculización de ritos religiosos, encierro de sacerdotes y feligreses, y clausura de al menos 12 medios de comunicación confesionales.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, está “muy preocupado” por los ataques contra la democracia y la Iglesia católica en Nicaragua, dijo uno de sus portavoces tras la detención del Obispo.

“El jefe de la ONU llama al Gobierno de Ortega a garantizar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, particularmente los derechos universales de reunión pacífica y las libertades de asociación, pensamiento, conciencia y culto, y a liberar a todas las personas detenidas de manera arbitraria”, aseveró.

La Iglesia católica, cuyas relaciones con el Gobierno han sido tensas en los últimos cuatro años, es el último reducto de rebeldía desde donde se cuestionan los actos gubernamentales.