En una audiencia en Chicago, Joaquín Guzmán López, alias “Chapito”, admitió haber planeado y cometido el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada para trasladarlo a Estados Unidos. Durante su declaración, negó que Washington hubiera ordenado o avalado la operación; dijo que actuó por iniciativa propia y busca beneficios en su acuerdo de culpabilidad.
Durante la jornada judicial realizada este 1 de diciembre en la Corte del Distrito Norte de Illinois, Guzmán López reconoció su participación en los cargos de narcotráfico y crimen organizado, así como en el plagio de El Mayo. Afirmó que en julio de 2024 lo atrajo bajo engaños a una reunión en Sinaloa; una vez allí, hombres armados ingresaron por una ventana a una habitación, lo esposaron, le cubrieron el rostro y lo sacaron en una camioneta rumbo a una pista privada.
Según su versión, tras ser subido a una avioneta privada ―junto con un piloto y bajo sedantes― Zambada fue trasladado hasta Nuevo México, donde finalmente quedó detenido por autoridades estadounidenses.
Guzmán López dejó claro ante la corte que la operación no fue solicitada ni autorizada por el gobierno de Estados Unidos, y que él no recibirá “crédito de cooperación” por ese secuestro.
Este acto ha reabierto tensiones dentro del crimen organizado en México, pues la captura de El Mayo —uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa— podría detonar conflictos entre facciones rivales. Las autoridades mexicanas ya preparan investigaciones por secuestro, privación ilegal de la libertad y “traición a la patria”.
El juicio marcará un antes y un después en la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico transnacional. La confesión de “Chapito” no sólo revela métodos de engaño y traslado clandestino, sino que expone la complejidad de las redes criminales que operan entre ambos países —y las posibles ramificaciones judiciales y políticas en puerta.