Desde Tijuana, Robert Vivar se ha encargado de apoyar a veteranos del Ejército de Estados Unidos que, por alguna razón, han sido expulsados a México, cuyas historias reflejan el impacto humano de las políticas migratorias estadounidenses.
A través del Unified U.S. Deported Veterans Resource Center, Vivar se ha dedicado a ofrecer un espacio seguro que brinde asistencia legal integral, servicios médicos básicos y un acompañamiento emocional crucial para aquellos que se sienten abandonados por el país al que sirvieron antes de ser deportados a México.
La organización ayuda a los veteranos a integrarse en sus comunidades en el exilio y busca vías para su posible retorno a los Estados Unidos, a través de programas como gestión de documentos, asistencia migratoria y búsqueda de empleo.
La iniciativa busca llevar a cabo una ofensiva jurídica civil y penal contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos y contra las empresas que gestionan los centros de detención del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE en inglés). El objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas tradicionales después del reciente fallecimiento del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, el pasado 7 de julio.
El caso de Robert Vivar es solo un ejemplo más de dos países separados por una frontera y unidos por miles de familias desplazadas, una realidad que mantiene en vilo a miles de hogares tanto en México como en Estados Unidos bajo un marco legal cada vez más hostil.