Hace 70 años, un 17 de octubre de 1953 para ser exactos, el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales correspondientes para que la ciudadanía plena de las mujeres mexicanas se pudiera consumar, haciendo posible que, por primera vez en la historia, participaran como votantes en las elecciones inmediatas siguientes, el 3 de julio del 55, para la conformación de la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Ese combate dio inicio algunos años antes, en 1947, cuando a base de lucha decidida se había logrado dar validez a la disposición de adicionar al artículo 115 de la Constitución la posibilidad de que las mujeres pudieran votar y ser votadas en igualdad de condiciones que los hombres en las elecciones municipales, no habiendo sido sino hasta 1979 cuando México llegó a tener a su primera mujer gobernadora: Griselda Álvarez (Colima, 1979 – 1985).

Hoy es prácticamente un hecho que, como ya hemos escrito previamente en este espacio, en 2024 habremos de tener los mexicanos a una mujer en la presidencia de la república, cuestión que cierra la pinza de esos casi ochenta años de combate femenino por la ciudadanía política.

Irónicamente, a nivel internacional, el ámbito donde inició la lucha por el sufragio femenino es uno en el que aún pervive la institución más representativa del Antiguo Régimen: la Monarquía Británica, la cual tutela la Commonwealth, integrada por varios países, entre ellos, Nueva Zelanda, donde se tuvo la primera legislación que permitió el voto de las mujeres en 1893 y hasta 1919 se logró que también pudiera ser votada.

Fueron las inglesas las principales impulsoras en el mundo del voto femenino, quedando para la historia las aportaciones de las sufragistas británicas como las representantes de una lucha que en Inglaterra dio inicio prácticamente con el siglo XX, y que logró sus objetivos en virtud de una coyuntura muy especial: la Primera Guerra Mundial, que hizo que, por ahí de 1918, la Corona cediera a sus demandas por virtud de que la falta de hombres, que estaban en las trincheras, hizo necesaria la incorporación de la mujer a los ámbitos laboral y, eventualmente, político.

Antes de ello ya había habido varios países en los que se había hecho eco de las sufragistas británicas, y en donde se conquistó el derecho al voto incluso antes que Inglaterra: Australia en 1902, Finlandia en 1906, Noruega en 1913, Dinamarca en 1915, la Unión Soviética en 1917; en Estados Unidos, las mujeres blancas lo lograron en 1920, y las negras en 1967, mientras que en África Zimbawe y Kenia lo lograron en 1919. En América Latina, el primer país en donde fue posible el voto femenino fue Uruguay, que lo estableció en 1927. El último país que ha otorgado el voto a la mujer, en pleno siglo XXI (2015), es Arabia Saudí.

Ahora bien, es digno de mención el hecho de que la Cámara de Diputados es hoy 100% paritaria, cosa que hace de México el único país en que eso ocurre, situándonos en una posición de vanguardia de la misma forma en que su momento, hace más de cien años más o menos, las sufragistas británicas lo fueron.

El paso siguiente, desde luego, es el de fortalecer y consolidar los mecanismos institucionales y formativos en las áreas que correspondan para que las mujeres que alcancen posiciones de decisión ejecutiva y de liderazgo intelectual y político tengan las habilidades y capacidades necesarias para que su desempeño se potencie y se profesionalice, y para que sigan ampliándose los espacios de poder a los que acceden en una dinámica social que definitivamente no podrá ya detenerse nunca más, y que se verá fortalecida y proyectada de una forma extraordinaria cuando México inaugure en 2024 una nueva época en la que seguramente la presidencia de la república esté capitaneada por una mujer.

La autora es Secretaria General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión