El de los “chocolates” es problema viejo y muy difícil de resolver sin faltar a la legalidad, golpea a la industria automotriz mexicana, a los vendedores de vehículos usados, a los “yonkeros” que viven del desmantelamiento de vehículos y al ciudadano común víctima de accidentes viales, incluso al de a pie.

No son pocos las unidades motrices extranjeras que invaden los corralones federales y municipales, que tras un accidente en carretera o en zona urbana el conductor se da a la fuga dejando lesionados o inhabilitados de por vida, hasta muertes, sin que pueda procederse con forme a la ley para resarcir cuando menos el daño material.

Pese a toda esa mala sombra, que han ido dejando a lo largo de décadas, el sistema federal, que es al que compete meter orden, no ha logrado recomponer ese panorama que tiene su parte sensible debido a que una parte de quienes conducen estas unidades son de escasos recursos y no tienen capacidad para adquirir un vehículo nacional.

Por otra parte no existe un transporte público eficiente (que es responsabilidad del gobierno) para que se pueda obligar a los mexicanos a que utilicen el transporte colectivo, si su capacidad económica no les permite otra cosa.

Las nacionalizaciones no son la solución definitiva, resuelven el momento, pero mientras no apliquen sanciones severas la importación fuera de la ley va a continuar. Para colmo se está dando otro fenómeno, antes eran chatarras sobre ruedas lo que llegaba a México, ahora hay vehículos de modelo recientes que restan competitividad a los particulares que desean vender su unidad para adquirir otra más moderna o nueva.

Resulta que hay familias que tienen un vehículo mexicano para carretera y hasta dos o tres americanos para el transporte urbano.

Eso ocurre principalmente en la franja fronteriza desde Baja California hasta Tamaulipas y municipios de hasta 300 km o más adentro.

Por otra parte, el mismo sistema federal empantanó la importación legal que se venía haciendo, debido a que afectaba a las casas automotrices del lado mexicano, y se quedó como el perro del hortelano, ni protegió a ese importante sector económico, ni frenó el ingreso ilegal de unidades, mismas que no entraron volando al país, pasaron forzosamente por las aduanas que son instancias de ese gobierno.

Son varios alcaldes y algunos gobernadores de diferentes entidades que han pretendido “emplacar” a los “chocolates” sin éxito, se ha quedado en mera pretensión, porque hacerlo es incurrir en un delito, es faltar a la ley.

Pero además en el caso de que hubiera reformas que transformaran la medida en un procedimiento legal, o bien una nacionalización como las que han ocurrido, serían soluciones del momento y posteriormente volveríamos a tener el mismo problemas, como históricamente ha ocurrido.

Por otra parte solapar la importación ilegal con placas ya sea de una organización civil, como las que hoy operan, son un gran negocio con todo y lo que digan los lideres porque venden el folio entre 1,500 a 2000 pesos de acuerdo a la zona y municipio. En Tecate y Tijuana se cotizan hasta en 2200 pesos en Victoria en 1,800 pesos y así conforme el PIB de la ciudad.

En esta capital algunos alcaldes tuvieron la idea de ofrecer el emplacamiento para poner supuestamente orden, sobre todo hoy con el tema de la inseguridad; y tener la certeza que las unidades no se utilizan para delinquir. Pero eso no resolvería los problemas de accidentes de tránsito ante un accidente grave, porque a final de cuentas el dueño de la unidad se declara insolvente, abandona el vehículo y no responde como debiera. Quizá ligada la placa a una licencia de manejo que lo inhabilite de por vida mientras no pague los daños, pudiera ser una opción.

La cuestión es que estamos en la antesala electoral de 2018 y las medidas antipopulares se las pueden cobrar en las urnas. Ya hubo un reproche para el Subsecretario Arturo Soto Alemán, que muy probablemente figure en las boletas electorales del V Distrito.

Plantones, marchas y diferentes formas de protesta son las amenazas que desde ahora esgrimen los “lideres” de los seudo-emplacamientos, dispuestos a movilizar a los miles de propietarios de unidades ilegales, y resulta que de ser unos vendedores de ilusiones, hoy se erigen defensores sociales.

José Guadalupe Barrios Núñez dirigente de la ONAPPAFA (Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar) declaró que en Tamaulipas existen 300 mil vehículos ilegales, multiplíquelos conservadoramente de a 1,500 pesitos, ¿Cuánto le estarán debiendo al fisco? O bien ¿Cuánto le habrán pagado en los últimos cinco años a Hacienda? por concepto de las cuotas de recuperación que han cobrado.

Estas agrupaciones que seguramente operan como Sociedad Civil, deben estar pagando rigurosamente sus impuestos, además de justificar la aplicación de lo que reciben en beneficio del movimiento. Ese es uno de los muchos caminos que tiene la autoridad para empezar a meter orden