El próximo domingo 24 de noviembre, inicia la inscripción de aspirantes a los cargos de jueces y magistrados en todo el país. Una elección planeada y organizada en sus contenidos por abogados, de tal manera que todo se observa muy preciso. El punto débil se encuentra en la promoción de los candidatos, para que el pueblo que va votar por ellos, tenga idea de quienes son estos personajes, y puedan hacerlo con un mínimo de conocimiento de los valores éticos que los adornan, porque el aspecto profesional está garantizado al pasar por la lupa de un comité de verificación.
La realidad es que la elección del próximo 1° de junio de 2025, será una confirmación en las urnas, hecha a ciegas, serán pocos los abogados conocidos por su trayectoria o desempeño. Lo peor de todo, es que el “barniz” de democracia y de que “el pueblo manda” será muy costoso para el erario público.
En octubre pasado, el INE en su primer cálculo, planteó un ejercicio de 13 mil mdp, lo cual resulta superior a la elección presidencial, que fue de 8 mil mdp. Suponiendo que no se le autorice esa suma y aunque fuera al 50 % de su planteamiento inicial, no deja de ser un gasto innecesario para un procedimiento que no convence a una inmensa mayoría.
Si bien, quienes se registren el próximo domingo 24, tendrán suficiente tiempo para realizar un trabajo de promoción a discreción, como lo han hechos los candidatos a puestos de elección popular, es decir, fuera de las fechas límites que les marca el calendario electoral. Ésto es, reuniones diversas, asistir a fiesta de cumpleaños, o cualquier otro encuentro social y en ese marco dar a conocer sus aspiraciones, a final de cuentas ésta será una elección más de simpatías que de perfil profesional.
Aún con todo ésto, salvo raras excepciones será una elección a ciegas. ¿Cuáles serán las excepciones? Los abogados que hubieran efectuado alguna campaña política, o bien ocupado un puesto en algún municipio, como los secretarios de Ayuntamiento, o de otro puesto que los ha mantenido cerca de la sociedad, en los DIF municipales y estatal o en otras dependencias.
Los aspirantes a jueces o magistrados, podrán realizar campañas, pero no tienen permitido recibir financiamiento público o del sector privado. Tienen prohibido contratar publicidad, y mucho menos ser respaldados por partidos políticos.
Pero las reglas de juego, no prohíben que la sociedad civil los apoye, que las universidades de donde provienen les abran sus puertas para platicar con docentes y alumnos, de igual forma aquellos que formen parte de clubes de ajedrez, natación, béisbol, o cámaras empresariales podrán recibirlos.
Y ahí sí, no vemos cómo pueda impedirse o sancionar que estas actividades o encuentros salgan a la luz pública a través de la prensa. De todos modos, no es fácil, nada fácil la promoción de los aspirantes a competir por una toga y birrete en el marco judicial.