La acusación no es novedosa en absoluto. Y hay que señalarlo con claridad: Tampoco es totalmente justa
En realidad, ha sido un tema recurrente en lo que atañe a la concurrencia de las fuerzas policíacas –ahora del Ejército y la Marina– y el Poder Judicial o para ser más claro, los jueces, en la lucha contra la delincuencia.
En el desempeño de mi oficio son incontables los casos de desavenencias que he visto en ese terreno, a veces cerca y a veces lejos, entre esos protagonistas. Históricamente, forman legión las quejas de las corporaciones policíacas y las procuradurías de justicia, hoy llamadas Fiscalías Generales de Justicia, por los casos de criminales devueltos a las calles tras su aprehensión y de sus respectivos juicios.
Y en todas esas situaciones, lamentablemente es a los tribunales a los que les endilgan el papel de villanos por “dejar ir”, denuncian, a una cauda de malhechores.
Hoy vuelve a generar polémica ese enfrentamiento institucional, debido a lo señalado por el Secretario de Marina, Rafael Ojeda, sobre el Poder Judicial, al que manejó públicamente como otro aparente enemigo en el combate a la ilegalidad.
En algo tiene razón el jefe de la Marina. Y en algo, también muy importante, en mi opinión no la tiene.
Le asiste la razón a Ojeda en lo que se refiere a la liberación de muchos hampones, tras detenciones que inclusive costaron vidas. Son innumerables los criminales que han salido por la puerta grande de las prisiones –es decir, sin cargos– cuando hasta los niños conocían sus violaciones a la ley y el daño causado a la sociedad. Todo esto es una terrible verdad.
¿Y en qué no tiene razón?
En que no es nada justo culpar siempre a los jueces.
No soy abogado y muy distante estoy de conocer las leyes como un profesional del Derecho, pero la verdad es que los tribunales en su mayoría aplican lo que a la letra dictan los códigos penales y la Constitución. Es muy difícil interpretar a modo una ley para beneficiar a alguien o a algún grupo y que pase inadvertido.
¿Entonces?
Sucede que en la integración de las carpetas de investigación se dan gusto los agentes del Ministerio Público, en ocasiones de motu proprio y en otras por instrucciones de sus mandos, muchos de ellos embarrados hasta los huesos en acuerdos ilícitos bajo la mesa.
Cualquiera que sea el origen, el hecho es que a los escritorios de los jueces llegan por puñados indagatorias cargadas de lagunas legales, de errores deliberados o nacidos de la incompetencia, así como omisiones en los protocolos de investigación, que forman causales evidentes para denunciar la falta de debido proceso.
Cualquier litigante avezado en esos menesteres identifica a ojo de buen cubero –si no es que los conoce de antemano– los errores que saturan esos legajos y los aprovechan en beneficio de sus clientes para exhibir negligencias o presuntos abusos en el procedimiento.
Al juez en estos casos, como dice la voz popular, no le queda de otra y en apego estricto a la ley, al debido proceso y al respeto de los derechos humanos, debe determinar la improcedencia de la acusación por esas irregularidades. Y resulta que el de la culpa de que el delincuente salga a la calle con una sonrisa de oreja a oreja, es el juez ¡por aplicar la ley!
Vaya paradoja.
No quiere decir lo anterior que todos los jueces y magistrados sean impolutos o candidatos a la canonización por su santidad jurídica. Para nada, porque también por desgracia existe un buen número de juzgadores a los que el demonio tentó y ellos se dejaron convencer. Claro que sí.
Pero lo conducente en estos casos reales –porque es verdad la liberación inexplicable de criminales como lo denuncia el Almirante– es que a quienes debería sumar también el jefe militar como enemigos encubiertos es a las procuradurías de justicia, ahora fiscalías generales y a sus respectivos MP, tanto de los estados como del propio gobierno federal, en donde se sustancian los procesos y se envían ya integrados a los tribunales. Muchas veces, con yerros garrafales, voluntarios o involuntarios, germinados como mencioné antes, en la ineficiencia.
Sin duda es válida la queja de don Rafael Ojeda, pero en gran parte, enorme parte como en este caso, el Poder Judicial no es el único destinatario correcto…
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