Quieran o no, tienen que darle la razón al alcalde de Río Bravo, Juan Diego Guajardo Anzaldúa.

Y al hacerlo, si se atreven a hacer a un lado las diferencias partidistas y de colores, justificarán también a todos los presidentes municipales en activo en Tamaulipas, en lo relativo a su responsabilidad en la tarea de otorgar seguridad pública.

Ayer, el edil fronterizo ofreció una conferencia de prensa de un solo lado –no aceptó preguntas– para poner sobre la mesa lo que para él es un ataque orquestado basado en un trabajo periodístico televisivo en donde prácticamente se le acusa de tolerar a grupos criminales en el municipio que gobierna.

Si es planeado o no el señalamiento –en la política nada es casual– es lo que menos importa. Lo que sí cala, es lo que apunta Guajardo sobre su falta de protagonismo en la lucha contra el crimen.

Disculpen si me alejo en algunas partes de lo textual:

“El Ayuntamiento no tiene capacidad legal para realizar labores de investigación contra delincuentes, ni tiene permisos de portación de armas para ello. La responsabilidad para detener sujetos que están fuera de la ley es del gobierno estatal y del sistema de mando único que encabeza el gobierno federal”, sostuvo ante los medios de comunicación.

Quien intente interpretar lo anterior como un escurrimiento de bulto del alcalde, está equivocado. No tengo el menor interés en defender a Juan Diego, pero la situación que refiere es exactamente la misma que aqueja a los 43 ayuntamientos de la Entidad. Todos los alcaldes están literalmente, atados de manos para responder al absurdo reclamo de otras instancias gubernamentales para que “hagan su parte”.

Demonios, ¿con qué?

Desde hace años las policías municipales no existen en Tamaulipas. Fueron totalmente desmanteladas bajo la acusación federal de estar coludidas con la delincuencia –en muchos casos era cierto– y dejaron a las administraciones locales en calidad de testigos de piedra en esa tarea.

En este escenario, es una injusticia y un abuso que se pretenda colgarles a los presidentes municipales, sea cual sea la comunidad que encabecen, la etiqueta de encubridores de operaciones delictivas. Para decirlo en lenguaje coloquial, a los ediles no les queda otra.

Más claro: Hacen como que la virgen les habla o hacen algo y de plano deben resignarse a que la virgen los recibirá en sus brazos. O tal vez el diablo en algunos casos.

Es muy lamentable que una empresa como Televisa se preste a deformaciones de una realidad que conocen desde un escritorio alejado, sin la menor idea de cómo vivimos los tamaulipecos.

Y mucho menos, de lo que tienen que aguantar los alcaldes…

EL DÍA SIGUIENTE

Es un escenario grato el que vive Victoria en lo que la labor municipal se refiere. Y le diré por qué opino de esa manera.

Era una costumbre en los ayuntamientos tras un informe, que su alcalde se aventara a descansar en un mullido sillón. Se merecían el descanso, decían los ediles para dejar pasar por lo menos una semana en unas “vacacioncitas”.

No sucedió así en esta capital. Al día siguiente el alcalde Oscar Almaraz volvió a sus labores normales: empezar a visitar áreas de trabajo desde las 7 de la mañana y continuar con el mismo ritmo. No es usual, pero sí positivo.

Parece que así, mantiene su vigencia el viejo dicho que asienta que “al tiempo perdido, hasta los santos le lloran…”

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