En mis últimas dos contribuciones expuse la definición del servicio de carrera (SC) como el proceso mediante el cual un país adopta la política de someter a concursos transparentes las posiciones de funcionarios públicos, a fin de garantizar la llegada de los mejores perfiles que habrán de identificar problemas públicos y plantear soluciones eficaces y eficientes, en beneficio del país.
En particular, en la Cámara de Diputados, dicho régimen se rescató y relanzó en 2018 en los Centros de Estudio, los cuales tienen como propósito brindar apoyo técnico especializado, objetivo e imparcial para la toma de decisiones de las y los diputados.
Ahora bien, ¿cuál es el origen de este tipo de cuerpos técnicos en los parlamentos del mundo occidental y por qué es importante que México continúe fortaleciendo el staff técnico del Poder Legislativo? Para responder a estas preguntas es necesario remontarnos a la historia reciente.
Previo a la revolución industrial (Inglaterra- finales del siglo XVIII; Estados Unidos- principios del siglo XIX), en general en los parlamentos occidentales los temas a legislar eran relativamente limitados, no así el debate político que siempre puede ser apasionado y complejo. La transformación socioeconómica, tecnológica y cultural dio origen a grandes migraciones del campo a la ciudad, así como al surgimiento de fábricas, de la clase obrera y de infinidad de nuevos productos y servicios. La sociedad (y sus problemas) fue creciendo en tamaño y sofisticación y, en consecuencia, surgió la necesidad de regular nuevas materias, que desde luego debían pasar por el análisis y el debate parlamentario.
Sin embargo, los legisladores norteamericanos de principios del siglo XIX no contaban ni con información técnica especializada sobre las nuevas y diversas materias a legislar, ni tampoco con cuerpos técnicos de asesores en quién apoyarse. Por su parte, el Poder Ejecutivo había crecido y se había especializado en todo tipo de asuntos. Es decir, como resultado de la transformación industrial, el Congreso Norteamericano fue perdiendo peso e influencia en lo que se refiere a la identificación de problemas públicos y al planteamiento de su solución, frente a un poder Ejecutivo que se había ido modernizando, creciendo y especializando. Los académicos estudiosos del Congreso Norteamericano apuntan que en ese tiempo toda responsabilidad recayó solamente sobre los legisladores, por lo que tardaron en incrementar en cantidad y calidad su staff técnico de apoyo.
Los académicos también comentan una realidad que me parece ser perfectamente trasladable a la mayoría de los países occidentales: La pérdida de influencia y autoridad de los parlamentos se debe a que en el pasado ingresaban como parlamentarios los hombres más respetados y talentosos de la comunidad, que provenían de las élites más educadas. Esa realidad cambió y hoy los parlamentos son reflejo de un proceso de apertura democrática, por lo que en general puede decirse que conocen muy bien las cuestiones políticas relativas a sus comunidades, pero no las técnicas para resolver los grandes problemas nacionales y peor aún, hoy en día en que, como ya se comentó, la cantidad y complejidad de las materias a legislar sólo se ha incrementado. De ahí la necesidad de fortalecer al staff técnico de las y los legisladores.
Para el caso del Congreso Norteamericano, si bien existe evidencia de la contratación de asesores (o ayuda externa) desde 1824, la realidad es que fue hasta 1946 que la Ley de Reorganización Legislativa autorizó que cada comité (lo que en México llamamos “comisión”) contara con cuatro asesores profesionales y seis empleados administrativos, con el fin de hacer frente a las necesidades legislativas con menos desventaja frente al Poder Ejecutivo.
En cuanto al caso de México, como ya lo apunté en mi contribución anterior, apenas en 1999 se reformó la Ley Orgánica del Congreso General para, entre otros, otorgar a cada comisión un secretario técnico y dos asesores. A simple vista, el Congreso mexicano lleva más de 50 años de retraso respecto del de su principal socio comercial. Ahora bien, el retraso es aún mayor si consideramos que en 1914 el Congreso norteamericano decide crear, como un departamento independiente dentro de la Biblioteca del Congreso lo que llamó “Congressional Research Service” y que es su principal centro de estudios. En México, dicha escisión de la Biblioteca Legislativa se dio en 1981 con la creación del Instituto de Investigaciones Legislativas que, en 1999, se convirtió en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP).
A medida que la sociedad y la economía se vuelven más complejas, se irán incrementando también las materias a legislar, así como la complejidad de estas. En ese sentido, es imposible que un legislador domine todas las materias que tiene la obligación de legislar o controlar. Por lo tanto, el apoyo técnico especializado se vuelve fundamental para brindar a las y los legisladores la información necesaria para la toma de decisiones, así como para asegurar un sistema de pesos y contrapesos frente al Poder Ejecutivo.
La apertura democrática en el sistema político mexicano ha traído precisamente el lento pero contundente fortalecimiento del Poder Legislativo. Aún queda mucho camino por andar, pero al menos es claro para todas las fuerzas políticas presentes en la Cámara de Diputados el hecho de que es necesario fortalecer a su staff técnico en beneficio del debate político y de las grandes decisiones de la nación.
*Secretaria General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión