A la democracia no le basta la dimensión electoral, sino que además exige que el ejercicio de los poderes públicos sea efectivo. Ello implica contar con un funcionariado estable y profesional. Sustituir el amateurismo por el profesionalismo, permite que las instituciones del Estado se fortalezcan y cumplan con lo que la sociedad espera de ellas.
En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión esto se traduce en contar con dos elementos clave: Servicio civil de carrera y Centros de Estudios. El primero permite identificar los mejores perfiles de funcionarios para brindar asesoría a grupos parlamentarios, órganos de gobierno de la Cámara y a las y los diputados en general. El personal de carrera que forma parte de los centros de estudio les da capacidad a estos de brindar opiniones objetivas, imparciales y con expertise sobre todo tipo de materias susceptibles de ser legisladas, a fin de que las y los diputados cuenten con información de alta calidad para proponer iniciativas de ley o emitir opiniones sobre políticas públicas implementadas por el Ejecutivo.
En ese sentido, en 1999 se aprobó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que mandata el establecimiento del servicio de carrera en la Cámara de Diputados. En el año 2000 se aprobó el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera, que sienta las bases para regularlo y organizarlo. No obstante, por casi dos décadas su aplicación fue limitada.
Cabe destacar que, en el artículo 35 del Estatuto, se establece el requisito de que los Centros de Estudios se integren por funcionarios del Servicio de Carrera, especialistas en investigación, manejo, sistematización y análisis de información sobre los problemas sociales, de cultura nacional, jurídicos, de finanzas públicas y de otros de interés para el desarrollo de la función parlamentaria. Sin embargo, ese requisito se pasó por alto en muchos casos, por lo que el cuerpo de investigadores de los Centros mantenía perfiles diversos que iban desde licenciatura trunca hasta doctores en derecho o economía.
En ese contexto, la LXIV Legislatura tomó la trascendente decisión de relanzar el servicio de carrera, empezando por los Centros de Estudio, donde urgía contar con investigadores de mayor experiencia. Este proyecto ha visto la luz gracias a la voluntad y liderazgo de todos los Grupos Parlamentarios. Así, en 2019 se instaló el Consejo Directivo del Servicio de Carrera como órgano rector en la materia, integrado por funcionarios de la Cámara y por reconocidos expertos. También se creó la Unidad de Capacitación y Formación Permanente (UCF), órgano técnico encargado de operar los procesos del servicio: ingreso, formación, evaluación del desempeño, promociones, ascensos y régimen disciplinario.
Cabe señalar que el Servicio de Carrera del Congreso norteamericano tiene más de cien años, el de Francia cuenta 63 años y el de Chile data de 1994. Gracias al consenso de las fuerzas políticas presentes en San Lázaro en la LXIV Legislatura, se logró un avance significativo hacia la modernización institucional del Poder Legislativo, un camino que otras democracias empezaron hace varias décadas.
El primer concurso, de la segunda “era” del servicio de carrera de la Cámara de Diputados, se realizó entre septiembre y diciembre de 2019. Fue de carácter interno, en el segundo proceso se concursaron 22 plazas y se caracterizó por ser externo y abierto a nivel nacional; para ello la Cámara firmó un convenio con el Tecnológico de Monterrey, a fin de garantizar transparencia y eficiencia en el proceso. El proceso fue un éxito, pues atrajo a más de mil personas de todo el país, de las cuales 942 cumplieron con los requisitos para concursar.
Como resultado de este intenso trabajo ingresaron al servicio 64 funcionarios de carrera, mediante concursos (internos y externos) en los que se evaluaron con rigurosidad, imparcialidad y objetividad a casi 1,300 aspirantes. El servicio de carrera es una realidad y ya está presente en 12 unidades administrativas de la Cámara de Diputados, en particular en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) y el Centro de Estudios en Derecho e Investigaciones Parlamentarias, con lo cual se fortalece su capacidad técnica para brindar opiniones de alta calidad, objetivas e imparciales a las y los diputados en todo tipo de materia a legislarse.
El esfuerzo realizado hace que los retos por venir puedan encararse con optimismo. El servicio seguirá desarrollándose: se crearán nuevos cuerpos de servidores públicos de carrera; se realizarán más concursos internos y externos; y se aplicará en los próximos meses la evaluación del desempeño a un primer grupo. En lo que toca a los Centros de Estudio, se fortalecerán los equipos de trabajo y los protocolos para realizar investigaciones serias y que aporten información valiosa para las y los legisladores; a diferencia de legislaturas anteriores donde en promedio se contrató una investigación a la semana a personas físicas; este tipo de acciones poco transparentes e ineficientes deben evitarse a toda costa. Sobre intereses partidistas, debe darse prioridad a la generación de ideas y soluciones útiles para los grandes problemas nacionales.
La LXIV Legislatura sentó precedente al respecto, puso en marcha formalmente el servicio de carrera y fortaleció los centros de estudio, por lo que ha aportado bases sólidas para avanzar hacia un poder legislativo más consolidado. Ello tendrá un impacto directo en la mejora del ejercicio de las funciones parlamentarias, pero servirá también como referencia para los congresos estatales, que también requieren fomentar la cultura de la meritocracia y generar cuerpos técnicos y administrativos profesionales, objetivos e imparciales, como es el caso del Congreso de Tamaulipas.
* Secretaria General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión