La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atraer el amparo concedido al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha revivido un caso que, aunque parecía estancado, sigue siendo uno de los más sonados en Tamaulipas.

La Corte aceptó revisar directamente el amparo que anuló la orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Lo inusual es que, por regla general, el máximo tribunal no interviene en procesos penales en etapas iniciales. Sin embargo, con una votación dividida de cinco votos contra cuatro, los ministros decidieron asumir el análisis.

Ésto significa que ahora será la Corte, y no un tribunal colegiado, quien determine si confirma, modifica o revoca el amparo que libró momentáneamente al exgobernador de enfrentar la justicia mexicana.

En su momento, una jueza federal en Reynosa había resuelto que las conductas por lo que lo acusaban no configuraban los delitos señalados. Según su fallo, los recursos que Cabeza de Vaca recibió correspondían al pago de un inmueble y no al lavado de dinero, como argumentaba la FGR; sin embargo, la atracción del caso cambia el panorama político y judicial.

En Tamaulipas, el gobierno estatal ha insistido desde hace más de dos años en señalar irregularidades del sexenio anterior. El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, aseguró que confían en el Poder Judicial y esperan que se valide la orden de aprehensión. La actual administración busca poner al ex gobernador tras las rejas.

Está complicado el tema, porque el caso García Cabeza de Vaca representa un punto de tensión entre dos visiones de poder, la del exmandatario, que asegura ser víctima de persecución política, y la del actual gobierno, que lo coloca como ejemplo de los excesos del pasado.

Éste no es sólo un proceso legal del que todos en Tamaulipas estamos atentos, es una muestra de cómo el poder político y la justicia a veces se entrelazan. Para unos, representa una persecución con tintes políticos; pero para otros, la oportunidad de demostrar que nadie está por encima de la ley. Al final, lo que está en juego no es sólo el futuro del exgobernador, sino la confianza de los tamaulipecos en las instituciones que deberían garantizar justicia sin favoritismos.

¿No cree usted?

 

Que Dios los bendiga, gracias. Leo sus comentarios en mis redes sociales…