La privatización de empresas estatales empieza en el gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido. La privatización se convierte en la recetas de la sana política económica recomendada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La rapidez con la que se extiende obedece en parte por la desilusión generalizada hacia el Estado promotor y sus excesos. En México, inicia con De la Madrid, y el desprestigio por excesos de gobiernos priistas. Tiene tres etapas: 1984 a 1988 se privatiza empresas de diversa índole y actividad; 1988 a 1999, siderurgia, banca y teléfonos; y 1995 a 2000, con cambios constitucionales para vender ferrocarriles y comunicación vía satélite.

Fundidora Monterrey, S. A., fue la primera siderúrgica de América Latina que se desarrolló en forma sana financiada con créditos no suficientemente largos y en dólar. La empresa entró en crisis con la devaluación de 1976 y 1982. NAFINSA absorbe créditos y garantías El gobierno asume pasivos por 6,000 millones de dólares (2,500 AHMSA, 1,000 SICARTSA I y 2,500 SICARTSA II, las dos últimas propiedades del estado), más pasivos por 2,000 millones de dólares. Aun así, decide liquidar a Fundidora y privatizar las otras dos. El resultado fue un regalo. Por SICARTSA I se pagó 164 millones de dólares; por SICARTSA II, 170 millones de dólares, y por AHMSA, 145 millones de dólares, 755 millones de dólares por un capital de 6,000 millones de dólares. SICARTSA I y II, ya privadas, son rentables.

El sistema bancario nacionalizado por López Portillo en un esfuerzo por mantener autonomía financiera, funciona de manera sana. En 1990 se inicia su privatización con dos restricciones, no se venderían a bancos o a intereses extranjeros, ni a sus antiguos dueños. Los precios de venta de los 18 bancos fueron buenos, entre 2.5 y 5 veces el valor en libros. Se obtuvo 38 mil millones de nuevos pesos (10 mil millones de dólares) Por falta de experiencia, expectativa de utilidad rápida y corrupción al otorgar crédito se endeudan sin control y quiebran.

El gobierno creó el FOBAPROA y luego el IPAB para su rescate. Gastó en apoyo a los bancos, tres veces más de lo que ganó por la venta. El sector se vendió a bancos extranjeros. La gran mayoría son extranjeros y su administración está en esas manos. En la Convención Nacional Bancaria se reconoció que no se atiende razonablemente las necesidades de crédito.

Fertimex, S.A., producía a finales de los ochenta 3 millones de toneladas al año. Se privatiza de manera fraccionada por 317 millones de dólares, precio castigado. Los fertilizantes ahora se importan en su totalidad. La industria desapareció pues el amoniaco que vende PEMEX tenía un precio más alto que los fertilizantes producidos con este insumo. La planta de amoniaco de PEMEX está abandonada.

La política deliberada de apoyar el campo, mediante oferta de fertilizantes se abandonó por no estar en el marco de política neoliberal. Similar suerte corrieron las agroindustrias que se privatizaron a raíz de la disolución de CONASUPO.

La privatización de Ferrocarriles fue parcial para evitar monopolios. Se llevó a cabo muy transparente, evitando corrupción. Transportación Marítima Mexicana y Kansas City Southern, pagaron alto precio por el ferrocarril del Noreste. En la siguiente venta, los tres interesados acordaron entre ellos y se ganó apenas arriba del precio mínimo establecido. Tres licitaciones más fueron de éxito. El gobierno ganó más de 2 000 millones de dólares; los ferrocarriles han invertido la cantidad prevista y ha mejorado la eficiencia. De la privatización se formó un fondo de pensiones (primero en México) para los 50 mil jubilados de Ferrocarriles. El costo de liquidar mano de obra no jubilada (30 mil trabajadores 1990-96, y 20 mil 1997-99) fue 300 millones de dólares. 20mil trabajadores fueron recontratados.

Los objetivos de privatizar buscan: Fortalecer la finanza pública; Canalizar los recursos hacia áreas estratégicas y prioritarias; Eliminar gastos y subsidios que no se no justifican; Promover la productividad de la economía con el sector privado; Mejorar la eficiencia del sector público disminuyendo el tamaño de su estructura.

La importante absorción de deuda a fondo perdido que hizo el Estado para poner en condición de venta las empresas (siderurgia, fertilizantes, ingenios) superan el ingreso por su venta. Los ingresos se entregaron al fisco, perdiendo la posibilidad de amortizar valores de compra y las inversiones.

El sector de oro para privatizar es el energético: PEMEX, y CFE. La experiencia de México no exitosa en dos décadas de privatización es suficiente para no realizar estos procesos.

Lo que es vital para México es adecentar la función pública, pero de esta situación ningún candidato 2018 habla. ¿Ignoran cómo hacerlo, o no les interesa?