Los problemas públicos son analizados desde la economía y las ciencias sociales como un sistema. Sucede así porque tanto en las causas como en las soluciones, participan una gran cantidad de actores e instituciones que ––ya sea por decisión u obligación formal– realizan funciones que inciden en la puesta en marcha de acciones de gobierno. Es decir, en las sociedades contemporáneas se presentan sistemas en el que participan diferentes organizaciones, intereses públicos y actores, lo que concibe a la relación con dependencias federales, sociales, los estados y municipios,asi como organizaciones de la sociedad civil, que ejercen recursos de origen federal.
Las relaciones intergubernamentales, es decir las relaciones formales entre los diferentes órdenes de gobierno –sobre todo en Estados Federados– como la relación interinstitucional entre instituciones publicas y privadas, son fundamentales.
Ahora mismo, en una etapa en la que distintos actores de la vida pública participan de los procesos productivos y de la generación de valor público, como es el caso de los agentes económicos, entendido como el conjunto de particulares y empresas, que participan la vida publica, como seria el caso las organizaciones privadas,es necesario que los espacios de comunicación, control y colaboración sean formales y logren esquemas de cooperación.
Bajo esta realidad de la vida pública, recientemente, firmamos un Convenio de colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación y el Consejo Coordinador Empresarial. El objetivo central es establecer una ruta formal de colaboración mutua, en el ámbito de nuestras atribuciones, con el propósito de establecer bases, mecanismos y acciones que permitan desarrollar actividades conjuntas y difundir temas de interés común para el fortalecimiento de la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, en función del fortalecimiento del enfoque preventivo emprendido para la fiscalización.
El valor de este instrumento de colaboración radica en la posibilidad de que la vinculación entre el sector privado y el público provoque efectos positivos. Resulta relevante, dado que la colaboración es estratégica: buscamos fortalecer la rendición de cuentas, impulsar la fiscalización con enfoque preventivo y combatir la corrupción desde la lógica de la reducción de la probabilidad de ocurrencia.
Como lo mencioné en una colaboracion previa, el enfoque preventivo de la Nueva Auditoría ha permitido figurar la idea de que la fiscalización superior no debe concebirse únicamente como un mecanismo de sanción, sino como una herramienta para prevenir, mejorar y generar confianza mediante la rendición de cuentas de los recursos públicos federales. Por ello –en este caso– la participación del sector privado es coincidente en el objetivo principal de lograr la construcción de una entidad de fiscalización superior que se comunica, previene, capacita y construye practicas transparenes.
La colaboración entre la ASF y el CCE generará acciones orientadas a fortalecer el Estado de Derecho y promover la Cultura de la Legalidad. Para eso, la capacitación y la apuesta por la formulación de políticas de cumplimiento –en el caso del sector privado– mediante la organización conjunta de talleres, cursos, seminarios y eventos institucionales, etcetera.
Es provechoso, el enfoque preventivo y la necesidad de un sistema multiactor como elementos provechosos para mejorar la actuación de las organizaciones públicas y preveer escenarios y otras consideraciones para mejorar el valor y beneficio que tanto el sector privado como el pública le entregan a la sociedad. La dinámica receptiva que ha asumido la ASF es resultado de la disposición y reconocimiento de otros actores como el CCE de su trabajo y resultados.
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