El Gobernador García Cabeza de Vaca, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al artículo 134 de la Constitución Política de Tamaulipas cuyo objetivo es prohibir la autorización de uso de suelo, licencias de construcción para casinos, casas de apuestas, juegos de sorteos y similares; así como table dance.
Uno de los ejes fundamentales que sostiene la administración, es la seguridad ciudadana, por lo que la iniciativa es parte de acciones concretas que debilitan la estructura financiera de la delincuencia organizada. Es del dominio público, que la delincuencia organizada se sirve de diversos medios para obtener recursos disfrazados de licitud mediante el funcionamiento y operación de establecimientos.
Según la iniciativa, el establecimiento de estos giros incide en serios problemas en la sociedad pues la ludopatía es una enfermedad, además está la inseguridad relacionada con lavado de dinero, pues la operación de casinos y centros de apuesta son disfraz para ocultar delitos. La iniciativa articula un andamiaje legal para constituir una política pública para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el estado.
La iniciativa señala que el funcionamiento de casinos, casas de apuestas, salones de juego con apuestas, y establecimientos similares, son competencia federal y se regulan por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la propuesta no invade esa competencia, pues el control, vigilancia del uso de suelo, otorgamiento de permisos o licencias para construir, elaboración de planes de desarrollo urbano y sanciones, corresponden a los Municipios y al Estado. En un esfuerzo para que en Tamaulipas se haga uso correcto del recurso público,
Asimismo el Gobernador García Cabeza de Vaca, envió una iniciativa de Ley al Congreso del Estado con el propósito de facultar al Poder Legislativo para designar titulares de los Órganos de Control Interno de Organismos Constitucionales Autónomos en el Estado, lo que faculta al Congreso para designar los encargados de la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, Instituto Electoral de Tamaulipas, Tribunal Electoral del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Esta iniciativa deriva de la expedición de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, aprobada por el Congreso; representa una medida para combatir prácticas ilegales en la función pública. El Fiscal Anticorrupción, Javier Castro Ormaechea, a pesar de que goza de presupuesto y de recurso humano, aunque le falta independencia, me refiero a inmueble, no muestra resultados a pesar de que es del conocimiento público nombres y fortunas hechas al amparo de las dos últimas administraciones estatales. El Fiscal ignora la labor que se le encomendó o con intención plena, desvía la función pública de su responsabilidad a la caza de chivos expiatorios a los que con ventaja pueda echar mano, a grado tal que desafía Jueces Federales ante los cuales recurren en busca de Amparo los implicados en expedientes que resultan fantasmas, pues ni los Jueces Federales los pueden ver.
Poco importa que los escasos detenidos para investigar salgan libres e inocentes después del proceso electoral, lo que importa para el Fiscal es presentar corruptos previo a elecciones. Aplicación de la justicia con visión electorera, oportunidad para que se eviten prácticas ilegales en la función pública, como lo desea el Gobernador García Cabeza de Vaca al enviar reformas para tal fin.