Acerca de Aranza, quien perdió la vida durante los hechos violentos del 29 de octubre en Matamoros, la Secretaría proporcionó a la fiscalía de Justicia Estatal información y elementos de prueba para contribuir al esclarecimiento de los hechos. La FGJ confirmó avances que apuntan a que la bala que mató a Aranza salió de un arma larga calibre 7.62, transportada en el helicóptero de la Guardia Estatal.
Durante la violencia registrada en Matamoros y la región no apareció personal de seguridad pública para proteger a la ciudadanía, enfrentar y contener la violencia, el caos y agresiones. El crimen accionó a placer y mostró su capacidad territorial.
La decisión para los gobiernos estatal y federal es difícil. No salir a las calles permitió hechos violentos. Salir, significa que, al encontrar delincuentes, el enfrentamiento con armas de fuego podría causar bajas civiles pues las calles se encontraban repletas de vehículos, sin embargo, la obligación legal de los Gobiernos es proteger a la población civil, lo que no sucedió.
En Matamoros y la frontera norte de la entidad, la territorialidad criminal es real. Las extorsiones son prueba. Al rentar un local, el dueño revela la cifra de la renta y añade un monto que se destina al crimen organizado. Desde la construcción de un local o plaza comercial, la extorsión inicia y continúa durante la renta inmobiliaria.
En un giro, la madre de Aranza solicitó a EE. UU., asilo bajo la razón de que sus hijos, ciudadanos norteamericanos, están en peligro mortal. Dice que vivir en Tamaulipas es un riesgo para la vida pues no existe presencia de la ley y que el personal de seguridad pública; militares, marinos, guardia, terminan con la vida de civiles, por error o la causa que sea, de manera reiterada.
La infiltración de redes criminales en corporaciones policiacas, fiscalías, esferas políticas y niveles municipales, estatales o federales permite impunidad (ejemplo son exfuncionarios juzgados en el extranjero) El sistema de procuración e impartición de justicia enfrenta rezagos, lo que se refleja en escasa confianza civil y en bajos índices de sentencias condenatorias.
Los cárteles se han convertido en corporaciones que controlan economía ilícita: extorsión, cobro de piso, tráfico de personas, huachicol y control de mercados locales, moviendo cifras multimillonarias. La marginación, pobreza y falta de empleo formal hacen que las filas del crimen organizado sean mecanismo de supervivencia para jóvenes ante un Estado con presencia limitada.
Las visiones gubernamentales que oscilan entre confrontación militar directa iniciada en 2006 y enfoques de contención o atención a las causas sociales no articulan un modelo que combine inteligencia financiera, fortalecimiento policial de proximidad, justicia confiable a largo plazo y tranquilidad pública.