Las pérdidas económicas y financieras resultado de la pandemia son relevantes ya que las pequeñas y medianas empresas lo mismo que las economías informales enfrentan problemáticas relacionadas con la falta de liquidez. Pero a la par de la crisis de salud y deficiencias en la economía hay otros resultados negativos en lo social, ya que según reportes de la fiscalía general de justicia del estado en este año en particular se han “disparado” delitos patrimoniales que tienen que ver con los robos a domicilio y a mano armada.

Delitos del orden común que han existido en épocas anteriores los cuales la autoridad de acuerdo con los mapas delictivos ha ejercido cierto control, pues propio de la autoridad información respecto a quien o quienes roban o asaltan en determinados sectores de las poblaciones de los 43 municipios.

Pero tal parece, que la desocupación y la inseguridad de empleo o un ingreso ha sido el detonante final de la ola delictiva que acompaña a la enfermedad. Sin embargo más grave resultan la incidencia y reincidencia de los delitos sexuales.

Motivo por el que la fiscalía general del estado ha enfocado sus acciones para que los ministerios públicos documenten hechos y móviles relacionados con delitos de abuso sexual, en contra de menores de edad. Es así como han obtenido ordenes de aprensión, vinculación de parte de los jueces.

En base a los informes de la dependencia el móvil de estos delitos se desarrolla en el entorno familiar, es decir, los justiciables por lo regular aprovechan la relación familiar para incidir en esos delitos, en el marco de la pandemia.

Según informes de la fiscalía los delitos de violación en agravio de menores de edad se incrementaron en los últimos 3 años en los municipios de mayor población, pero se han agudizado en los 7 meses anteriores del 2020.

En base a lo anterior, las legisladoras priístas promovieron una iniciativa de ley para crear un registro público de información relacionado con personas han sido procesadas y sentenciadas por delitos sexuales en agravio de mujeres pero sobre todo de mujeres menores de edad.

La diputada priista Olga Garza promovió una iniciativa contenida en 9 capítulos que comprenden sanciones y penas a los varones que incidan y reincidan en delitos de tipo sexual. En la exposición de motivos la legisladora argumenta que resulta dramático lo que ocurre en la sociedad contemporánea. Destaco que 4 de 5 mujeres víctimas de estos delitos de estas son utilizadas para la explotación sexual.

Nada tiene que ver lo anterior, con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio entrada a una controversia promovida por los gobernadores aliancistas, entre los que participa el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, para que se desarrollen en el país proyectos de energía limpia y de esa manera asegurar la producción de energías renovables, pero sobre todo dar certidumbre a los inversionistas en ese renglón