Preocupación generó el fallo de la 2a Sala de la Suprema Corte de Justicia, que establece que el tope que debe aplicarse a quienes se pensionen con la Ley del IMSS 1973 debe ser de 10 veces salarios mínimos, mismo que aplica para jubilados ISSSTE, y no de 25 veces salarios mínimos. Aunque el tope de 25 salarios mínimos aplica para quienes ganan más de 90 mil pesos al mes, el fallo afectará a todos los trabajadores que hoy ganan más de 10 salarios mínimos o 36 mil pesos mensuales y que comenzaron a cotizar en el IMSS antes de julio de 1997, cuando se modificó la ley con el nuevo sistema de aportación individual a la afore.
Este tope máximo se aplicaría en forma retroactiva, lo que es inconstitucional, además implica una reducción de 30% a 70% de la pensión que muchos esperan recibir bajo la Ley 73. De ser así, habría alud de amparos, pero el problema es que la resolución de la Suprema Corte es obligatoria para jueces y magistrados, aunque sólo el IMSS es la autoridad competente para determinar la existencia de los derechos de un trabajador, y para establecer a cuánto asciende el monto de su pensión. Así, la decisión sobre el tope de las pensiones está en manos del director general del IMSS y del Consejo Técnico, en el que participan representantes de los sectores obrero y patronal. Difícil decisión, perjudicar a 20 millones de mexicanos o continuar presionando las pensiones del IMSS pues seguirá incrementándose cada año el salario mínimo y la Suprema Corte determinó que las pensiones se pagan en salarios mínimos.
Entre las reformas para modificar el sistema de pensiones está la Amafore, para equipar las condiciones de jubilación entre los pensionados de la Ley 73 y la Ley 97. Mientras que, bajo la Ley 73, sí se garantiza una pensión de un salario mínimo con 625 semanas cotizadas, con la ley 97 se requieren 1,250 semanas y son muchos los trabajadores que no alcanzan los 24 años de antigüedad.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) previó en 2018 que el crecimiento económico de México en 2019 sería de 2% y 2.3% en 2020, fallando rotundamente. México cerró 2019 con decrecimiento económico. La OCDE consideró que el aumento al salario mínimo y los planes del Gobierno para reforzar inversión en infraestructuras y aumentar la producción petrolera contribuiría a elevar la demanda interior, inversiones que no se generaron. Agregó que los incrementos de aranceles, sobre todo al acero, afectan costos de las empresas y de los precios.
La perspectiva fallida para México coincide con la previsión global de la OCDE que corrige a la baja sus previsiones de crecimiento para las principales economías durante los próximos dos años, en particular Europa, donde hace más mella la incertidumbre política, la fuerte ralentización del comercio exterior, y el “brexit”.
La OCDE calculó que el producto interior bruto de Europa será 1% en 2019 (1.8% 2018) Las cosas apenas mejorarán en 2020 para las economías fuertes. Para México la previsión de crecimiento es 1%, aunque para ello deberían estar en marcha, y no es así, las fuertes inversiones prometidas desde 2019.
Otro factor de alto impacto económico es el brote del coronavirus. Hay empresas afectadas en su cadena de producción y el número crecerá mientras la epidemia no esté bajo control, lo que parece aún lejano, aunque no tengan sus plantas en zonas en cuarentena. El primer efecto, además de la volatilidad en los mercados, es en el petróleo, los precios se han desplomado por la reducción de la demanda por China afectando a México. La mezcla mexicana está por debajo de 50 dólares por barril.