Morena tiene varios tiradores para la capital del estado. La apertura del registro para las coordinaciones municipales puso en movimiento a quienes buscan representar al partido rumbo a 2027, y en Ciudad Victoria ya son varios los que han levantado la mano.
Entre los perfiles aparecen la diputada local Katalyna Méndez Cepeda, el diputado federal José Braña Mojica, el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva y Luis Gerardo Illoldi Reyes, identificado con la Secretaría del Trabajo. También se mencionan Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera y Rómulo Pérez Sánchez.
Conviene distinguir entre quien manifestó interés, quien presentó una solicitud y quien obtendrá la aprobación de su registro. Ninguno de esos pasos equivale, por sí solo, a una candidatura asegurada.
A nuestro juicio, Katalyna y Pepe Braña son dos de los perfiles con mayor trabajo visible en territorio. Eso puede darles una plataforma para competir, aunque no permite afirmar que encabezan las encuestas. También circulan mediciones que colocan a Hugo al frente, pero sin metodología verificable no sería serio convertirlas en una sentencia sobre el resultado.
Veamos las posibilidades de cada uno.
A Katalyna se le ha visto realizando gestiones, entregando apoyos y manteniendo presencia en colonias. A ello se suma que el gobernador Américo Villarreal Anaya la ha enviado como representante a diversos eventos y la ha incluido en actividades de su agenda.
Políticamente, esas encomiendas pueden interpretarse como señales de confianza. Y contar con la simpatía del mandatario siempre pesa en una contienda interna. Pero una cosa es esa cercanía y otra que la nominación ya esté decidida.
Pepe Braña, por su parte, ha combinado su responsabilidad en la Cámara de Diputados con recorridos y encuentros con bases y estructuras de Victoria. Ha buscado mantener vínculos que pueden servirle para disputar la coordinación municipal.
Lo que quizá falta hacer más visible es el resultado de su trabajo legislativo para la capital. La ciudadanía también tiene derecho a conocer qué iniciativas, gestiones o recursos ha impulsado y cuáles produjeron beneficios concretos. La presencia territorial ayuda; los resultados también deben contar.
Hugo Reséndez tiene a su favor el conocimiento de la operación política municipal. Ha acompañado al alcalde Eduardo Gattás Báez desde su primer periodo y esa continuidad le ha permitido conocer grupos, liderazgos y estructuras de la capital.
Sin embargo, ahí mismo aparece una dificultad política. Si Lalo busca una diputación federal, su proyecto y el de Hugo podrían entrar en una negociación conjunta dentro del partido.
No existe una regla que otorgue solamente un boleto a cada grupo, pero tampoco sería extraño que la dirigencia buscara equilibrar posiciones entre distintas expresiones. Bajo ese escenario, la aspiración federal del alcalde podría restarle margen a Hugo para la alcaldía.
Y aquí vale la pena detenernos en la figura de Gattás. La estructura morenista en Victoria no puede entenderse sin el trabajo político que su grupo ha desarrollado durante aproximadamente cinco años.
Ese capital territorial puede darle fuerza para negociar su propio futuro y participar en la construcción de apoyos para quien resulte designado coordinador o coordinadora municipal. Aunque no vuelva a competir por la Presidencia Municipal, Lalo seguirá siendo un actor de la sucesión.
La pregunta será cuánto pesa esa estructura y qué está dispuesto a acordar Morena para conservarla dentro del mismo proyecto. Para Hugo, esa negociación podría ser una oportunidad o un límite, dependiendo de cómo se repartan las posiciones.
Illoldi viene detrás con un perfil vinculado al trabajo técnico de su dependencia y con cercanía al gobernador. Algunas de sus actividades públicas permiten interpretar que también busca construir presencia política; eso deberá contrastarse con sus decisiones formales y con su capacidad de desarrollar una estructura propia.
Blanca Anzaldúa cuenta con trayectoria política y una relación profesional con el magisterio, particularmente con la Sección 30 del SNTE. Esa experiencia puede ser una ventaja organizativa, sin que deba confundirse con un respaldo formal de todo el sindicato.
En el caso de Rómulo, la discusión tiene otro ingrediente: su posición como subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno estatal y como presidente del Consejo Estatal de Morena. Ha anunciado que se separará del cargo gubernamental para participar, pero que conservará la presidencia del Consejo.
Esa doble presencia ha provocado cuestionamientos sobre las condiciones de competencia. El asunto no es negarle el derecho a aspirar, sino saber cómo garantizará Morena que todos participen con reglas parejas.
Además, a Rómulo se le sigue recordando su declaración de que Morena puede ganar con aliados y sin ellos. El Verde y el PT reaccionaron porque consideran que esa postura minimiza su aportación electoral.
Si pretende encabezar un proyecto que eventualmente necesite de ambos partidos, tendrá que reconstruir esos puentes. En política no basta con levantar la mano: también hay que saber sumar a quienes podrían acompañar la candidatura.
Katalyna Méndez Cepeda
El Verde, a la espera de la definición de Morena
El Partido Verde está revisando 205 perfiles interesados en participar en sus proyectos rumbo a 2027. La depuración se desarrollará durante octubre y la primera semana de noviembre está prevista para conocer quiénes pasarán a la siguiente etapa.
Manuel Muñoz Cano ha explicado que hay solicitudes para posiciones municipales, distritales y federales. No todos buscan necesariamente aparecer en una boleta; algunos quieren encabezar proyectos del partido en sus municipios.
El dato tiene una lectura política: el Verde está preparando opciones propias mientras espera la definición de Morena y, sobre todo, los acuerdos de alianza.
Porque todo dependerá de cómo se distribuyan las candidaturas, en cuáles municipios y distritos decidan caminar juntos y en cuáles cada partido opte por competir con sus propios perfiles. Esa es una de las razones por las que el Verde está esperando.
La posibilidad de postular por separado tampoco acredita, por sí sola, una ruptura. Pero sí muestra que Muñoz Cano busca conservar margen para negociar y evitar que su partido llegue a la mesa sin alternativas.
Los desencuentros con Morena, entre ellos el episodio con Katalyna Méndez y las declaraciones de Rómulo sobre el peso de sus aliados, forman parte de los antecedentes que deberán administrar. Una coalición requiere acuerdos, pero también respeto entre sus integrantes.
Y cuando Morena defina a su coordinador o coordinadora para Victoria, habrá que observar qué hacen quienes se queden en el camino.
Un aspirante con presencia territorial puede resultar atractivo para otra fuerza política. El Verde podría encontrar ahí una oportunidad, siempre que las reglas electorales y partidistas permitan esa postulación y que exista un acuerdo real.
Por ahora, no hay que presentar esa posibilidad como un pacto consumado. Es una lectura del escenario: el Verde puede esperar a conocer las decisiones de Morena antes de escoger la ruta que le dé mayor competitividad.
En pocas palabras, la dirigencia verde está haciendo su propia lista, pero también mirando lo que ocurra en la lista de su aliado. Las alianzas terminarán definiendo cuánto de esa preparación se convierte en candidaturas propias y cuánto se integra a una fórmula compartida.
Morena: ¿las alcaldías o la mayoría en San Lázaro?
La apertura del registro municipal también obliga a mirar más allá de las alcaldías. ¿Morena quiere ganar la mayoría de los municipios de Tamaulipas o su preocupación principal está en conservar la mayoría en San Lázaro?
Ambos objetivos pueden complementarse. Una fórmula municipal competitiva puede movilizar electores y ayudar al conjunto del partido, mientras una candidatura desgastada puede dificultar el trabajo de toda la boleta.
Por eso, la selección de perfiles para ayuntamientos, Congreso local y diputaciones federales tendrá que analizarse como parte de una estrategia conjunta.
La interpretación que circula en los corredores políticos es que la prioridad nacional será conservar una mayoría que permita a Claudia Sheinbaum Pardo continuar impulsando su agenda legislativa. Es una hipótesis razonable para el análisis, pero no debe presentarse como una instrucción interna comprobada del CEN.
Tampoco son lo mismo una mayoría simple y una mayoría calificada. Cada una tiene alcances distintos; conservar votos y escaños será decisivo para la capacidad de aprobar leyes, presupuestos o reformas constitucionales.
Y aquí aparece el desgaste del poder. En algunos municipios existen inconformidades con los servicios públicos y con la forma de gobernar. La administración estatal también llegará a la elección con varios años de ejercicio y con resultados que la ciudadanía habrá de evaluar.
El respaldo a una marca partidista no elimina el juicio sobre quien gobierna. Un ciudadano puede simpatizar con Morena y, al mismo tiempo, estar molesto con su alcalde.
Además, 2027 no será una repetición automática de 2024. Aquella elección tuvo una contienda presidencial y el peso político de Andrés Manuel López Obrador. La elección intermedia tendrá otra dinámica y pondrá a prueba la capacidad de los candidatos para conseguir votos por sí mismos.
De ahí que Morena deba estudiar cuidadosamente sus fórmulas. Si para fortalecer el proyecto federal necesita conceder posiciones municipales o locales a sus aliados, esa negociación podría formar parte de sus cálculos.
Pero las concesiones tendrán que producir votos y unidad, no solamente acomodar grupos. Repartir posiciones entre dirigentes no garantiza que la ciudadanía acompañe a los elegidos.
Las reuniones y fotografías del gobernador Américo Villarreal Anaya con actores de distintas expresiones políticas muestran apertura al diálogo. No acreditan, por sí mismas, que exista una orden nacional para incorporar a todos, ni que ya se hayan cerrado acuerdos electorales.
Lo que sí plantean es una pregunta: ¿cuáles de esos acercamientos terminarán convirtiéndose en apoyos efectivos y cuáles se quedarán en la fotografía?
Si San Lázaro es una prioridad, Morena tendrá que mirar con mayor cuidado cada municipio. Porque el camino hacia una mayoría federal también pasa por las calles, las colonias y los resultados de los gobiernos locales.
Congreso de la Unión
Quintana Roo: menos turistas, ¿más cobros?
Mientras la política se concentra en candidaturas y alianzas, en Quintana Roo los empresarios hoteleros están poniendo sobre la mesa otra preocupación: la caída de ingresos turísticos y el efecto que pueden tener nuevos cobros sobre la actividad.
El sector ha estimado pérdidas por 6 mil 375 millones de pesos en alojamiento durante 2025 y 2026. Se trata de una estimación empresarial, no de un balance oficial auditado, pero el señalamiento merece atención por el peso del turismo en la economía regional.
Al mismo tiempo se ha planteado un incremento cercano al 36 por ciento en el Derecho de No Residente para 2027, de aproximadamente 983 a mil 335 pesos por visitante extranjero. Debe distinguirse la propuesta de una medida definitivamente aprobada.
La discusión de fondo es sencilla: si un destino enfrenta dificultades para atraer visitantes, ¿conviene aumentar el costo de entrar al país sin evaluar antes el efecto sobre la demanda?
No solamente viven del turismo los propietarios de hoteles. También dependen de esa actividad trabajadores, transportistas, restaurantes, comercios y miles de familias. Menos visitantes pueden significar menos empleo y menos ingresos para toda esa cadena.
La Presidenta ha atribuido parte de la caída de vuelos a Tulum al costo de la turbosina y ha señalado que se trabaja para recuperar la conectividad. Ahora habrá que conocer los resultados y los datos que permitan evaluar esas medidas.
Antes de buscar que el contribuyente o el visitante paguen más, el Gobierno también debería concentrarse en cerrar fugas, combatir la corrupción y recuperar recursos obtenidos ilegalmente.
Las investigaciones sobre huachicol fiscal y las denuncias por corrupción deben avanzar con pruebas y sin excepciones por apellido, cercanía política o partido. Cuando haya elementos para procesar a alguien, debe hacerse; cuando existan bienes recuperables, debe explicarse cuánto vuelve al patrimonio público.
También merece escrutinio el patrimonio de políticos que llegan al servicio público con recursos modestos y salen convertidos en prósperos empresarios. Ese cambio no demuestra por sí solo que hayan robado, pero sí justifica exigir que expliquen, documenten y transparenten el origen de su riqueza.
Y todo esto me recuerda una anécdota con mi padre, José Villarreal Caballero, en Puerto Vallarta.
En los años noventa lo acompañé a una reunión de editores de la República Mexicana, donde estuvieron presentes diversas personalidades políticas, entre ellas Ifigenia Martínez. Era el tiempo del gobierno de Ernesto Zedillo.
En una mesa de trabajo con representantes del Gobierno se habló de la justicia en México. Mi padre expuso el caso de un hombre que, por necesidad, había robado vías del tren para venderlas como fierro y dar sustento a su familia.
Las autoridades lo habían encarcelado con el argumento de que las vías eran bienes de la nación.
Entonces Don José les hizo una pregunta que todavía recuerdo:
“¿Y los bienes que se robó Raúl Salinas, no son también bienes de la nación?”
Esa fue la réplica de mi padre en aquella conversación; la recupero como memoria personal y como una crítica a la aplicación desigual de la justicia, no como una resolución judicial sobre ese caso.
Los representantes de la entonces Secretaría de Gobernación se quedaron callados. La pregunta señalaba una contradicción que sigue siendo pertinente: el rigor de la ley no debería depender de cuánto poder tiene el señalado.
No se trataba de justificar el robo de quien actuó por necesidad. Se trataba de exigir la misma seriedad frente a quienes, desde posiciones privilegiadas, pudieran haber dispuesto de recursos públicos.
Mi padre también me decía una frase que hoy vuelve a la memoria:
“¿Qué tan rico será el país, que pasan los sexenios, lo siguen saqueando y no se lo pueden acabar?”
Los gobiernos cambian; la exigencia de rendir cuentas permanece. Antes de pedir más a quienes trabajan y pagan, convendría demostrar que se está investigando a quienes deben explicar sus cuentas.
¿Hasta cuándo seguirán buscando quién pague más, mientras quedan pendientes las cuentas de quienes deben explicar de dónde salió su riqueza?
Don José Villarreal Caballero, Ifigenia Martinez y Antonio Villarreal Saldivar
Correo electrónico: CabalgataPolítica@elmercurio.com.mx