El Programa de Derechos Humanos de la Ibero Ciudad de México documenta que el desplazamiento forzado en el país es de 28 mil 900 personas por la violencia, 129% de incremento entre 2023-24. Los registros citan 444 feminicidios en los primeros 8 meses de 2025, cifra que no incluye muertes violentas de mujeres.

Cemda reporta 185 agresiones letales contra personas defensoras en los últimos 5 años, más delitos relacionados al contexto de macro-criminalidad, como aumento en extorsión, que se elevó 23% desde 2019.

Las víctimas letales desde que se declaró guerra al narcotráfico en 2006 supera medio millón de personas, además, el altísimo nivel de impunidad (6% de los delitos se denuncian y 93% de ellos quedan sin sentencia), exhiben a México como país de víctimas, condición que urge cambiar, aunque no importa al Estado poner en el centro de la agenda.

La Suprema Corte de Justicia (SCJN) avaló una reforma regresiva a la Ley General de Víctimas. Desde noviembre 2020 eliminó el mínimo presupuesto destinado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas, establecido en 0.014% del gasto 2024. El Centro Prodh documenta reducción en los recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de $200 millones anuales. El presupuesto 2026 considera $692 millones para la partida de ayudas sociales de la CEAV, cuando la cifra real es $913 millones. de mantenerse el criterio original.

No hay resultados sin presupuesto necesario para su ejecución, así se rompe el compromiso del gobierno y se evidencia la ausencia de voluntad política para asumir la responsabilidad frente a tantas violaciones de derechos humanos. ¿Se diseña política pública y programas de gobierno sobre un diagnóstico real? De ser así, se niega el presupuesto, amén de que ignoramos el perfil de los servidores público y su compromiso para con el servicio público.

Poner en el centro al usuario, en este caso las víctimas, es lo que el Estado no hace. Elige a voluntad el destino del presupuesto, por eso infraestructura, educación, salud, campo, sufren por escaso presupuesto, el grueso del dinero va donde Morena desea control.

En seguridad pública hay mucho recurso, pero la complejidad social del fenómeno y la ausencia de voluntad política para abatir la criminalidad no permiten avances contra la seguridad del ciudadano en general. Hay mucho dinero en el crimen; se reparte entre millones de mexicanos, políticos y funcionarios, empresa privada. Es un nudo gordiano que protege esa enorme ilícita fuente de dinero. Romperlo exige de una espada filosa la cual el Gobierno por falta de uso la oxidó.