A 40 años de la inauguración de San Lázaro y 200 años de la constitución del Poder Legislativo del México independiente, la LXIV Legislatura, y en especial sus Órganos de Gobierno, dejaron una Cámara de Diputados más austera y con gran solidez institucional.

Aun así, persisten retos indispensables para las siguientes legislaturas, pero que están ya enrutados en función de lo realizado al día de hoy: consolidar el servicio civil de carrera y los centros de estudio para convertirlos en uno de los pilares del Poder Legislativo tal como sucede en los principales parlamentos en el mundo; lograr la igualdad de género en las áreas administrativas, tanto en lo que respecta a los cargos como a los salarios y la cultura laboral; desarrollar un plan maestro a 25 años y con enfoque de sustentabilidad para conservar el patrimonio del recinto de San Lázaro, pero también para darle orden estético a las frecuentes intervenciones dada su naturaleza; consolidar el Espacio Cultural San Lázaro como una plataforma de actividades culturales, académicas y humanísticas de la Cámara; y asegurar y fortalecer la comunicación directa con la ciudadanía en general, a través de la mejora continua del Portal Ciudadano.

En la LXIV Legislatura, y en particular en sus Órganos de Gobierno, prevaleció el interés por fortalecer la institución sobre prioridades partidarias, lo cual sienta un fuerte precedente para las futuras legislaturas, que idealmente también lograrán consensos para consolidar a la Cámara de Diputados como la institución política de máxima pluralidad de México, y para que su sede –patrimonio arquitectónico nacional– continúe siendo valorada y administrada por un sólido cuerpo técnico de funcionarios que, con el liderazgo de las y los legisladores, habrán de obedecer al supremo interés de la República, el Estado y la Nación.

En cuanto al Congreso de Tamaulipas, y en general los Congresos Estatales, los retos son similares, sobre todo para dar continuidad a los numerosos aspectos de la vida nacional que no han sido cabalmente implementados en el ámbito local, donde los legisladores en muchos de los casos son el contacto inmediato que tiene la sociedad con el gobierno, pues son ellos a quienes acude no solo para solicitar la aprobación de leyes, sino, además, la gestoría por problemas que la gente vive en el día a día.

A los representantes populares les corresponde, además de atender a sus representados, estar muy pendientes de su papel en la realización de los grandes proyectos nacionales y cómo éstos han de aterrizar en el ámbito territorial, ahí donde los ciudadanos se enfrentan su realidad, donde verdaderamente hace falta un Sistema Nacional de Seguridad más efectivo y que ofrezca los resultados que los ciudadanos necesitan para vivir en paz, tranquilos, sin sobresaltos y sin la incertidumbre ante el riesgo de perder su patrimonio, su vida y la de sus hijos.

Los congresos locales tienen mucho que hacer en el ámbito de la transparencia y la rendición de cuentas, para que los ciudadanos sepan en qué se gasta hasta el último centavo del dinero público, para lo cual los aparatos de fiscalización han de operar apegados al marco legal, sí, pero también a un código de ética política que permita la realización de auditorías objetivas e imparciales independientemente de quienes sean los titulares de los sujetos obligados, evitando utilizar las cuentas públicas para someter a los adversarios políticos y proteger a quienes son afines por interés político o económico.

Como responsables de aprobar el gasto público, los legisladores locales tienen mucho que hacer para mejorar el enfoque con que se gastan los dineros del pueblo, para que cada vez más sus contribuciones tengan el mejor destino, un gasto que se traduzca en creciente bienestar y atienda prioritariamente a quienes se han mantenido a la zaga del desarrollo, en el entendido de que superando rezagos sociales con más probabilidad superaremos nuestras debilidades sociales.

En ese mismo sentido y pensando siempre en el óptimo desarrollo social, los diputados tienen muchísimo que hacer en favor de las familias disfuncionales, de aquellos que viven en un entorno de desintegración o, peor aún, de violencia familiar, pues si la célula básica de la sociedad se debilita a causa de múltiples y complejos problemas, más difícil será consolidar el desarrollo de las entidades federativas.

Afortunadamente la paridad de género en las legislaturas está en franca consolidación y ahí donde no se haya concretado esta meta en la lucha de las mujeres, habrá que legislar para que sea una realidad. Y, con esa fuerza femenina, los congresos locales deben dar el tirón definitivo para que las mujeres se hagan escuchar y con su voto saquen adelante todas las leyes favorables a las mujeres y a sus familias, que aún siguen guardadas en los archiveros.

Es necesario corroborar que la legislación orientada a que las mujeres tengan una vida libre de violencia esté plenamente vigente, al igual que en el ámbito laboral, donde las mujeres se enfrentan a la falta de oportunidades, a las diferencias salariales y hasta la falta de ascensos por razones de género.