No es cualquier cosa lo que está pidiendo el sector empresarial de Victoria para aplicarse al proceso electoral en Tamaulipas.

Se trata no sólo de respetar límites en los gastos, no nada más de la observancia de reglamentos para registros, tampoco de mantener kilométricos seguimientos contables, todos temas fundamentales sin duda, pero alejados en su dimensión real de dos valores supremos.

El primero, proteger al Estado de Derecho y el segundo, el más importante, salvar vidas humanas.

El mensaje de Mario Flores Pedraza, presidente de la COPARMEX capitalina, emitido en el inicio de esta semana en torno a los candidatos sin excepción de partidos, no tiene desperdicio. Es durísimo, pero certero.

En el marco de la inseguridad que empieza a aflorar en el entorno electoral estatal, el líder de la iniciativa privada apunta con acierto que si bien la autoridad electoral debe vigilar los perfiles de los aspirantes formales para verificar su legitimidad, la primera responsabilidad es de los partidos que los postularon, porque deben ser ellos el filtro básico, deben ser el colador paterno que separe la suciedad y la lance al cesto de la basura. No hay duda de eso
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Pero, siempre hay un pero.

Buena parte de esos organismos privilegian el morral del dinero que aportan los candidatos, las complicidades con un grupo o la recomendación de un mando superior. En México y por ende en Tamaulipas, se cuentan por miles los casos de contendientes cívicos que han sido descubiertos con recursos ilícitos, con antecedentes penales, con pesquisas formales sobre sus actuaciones públicas y privadas o con acusaciones de agresiones familiares o sexuales por citar sólo algunos delitos. Forman legión.

¿Por qué son exhibidos hasta que son candidatos?

Porque sus partidos no aplican ese primer filtro que señala la COPARMEX y convierten a la política electoral en un juego donde los villanos se confunden con ciudadanos honorables, que los hay y son muchos.

Surge así una segunda pregunta: ¿Cómo evitarlo?
En el papel es fácil encontrar la respuesta, poniendo sobre la mesa lo que asienta la ley en los casos en donde un ebrio comete un delito y éste argumenta ser inocente por su estado de inconsciencia, a lo que el Derecho señala que quien acepta un riesgo –como es el caso de consumir alcohol– también acepta todas sus consecuencias.

Es lo mismo con los partidos. Si postulan un candidato que resulta un bribón, no sólo éste debe asumir su responsabilidad, sino también el partido que lo designó, porque al hacerlo, igual que el borracho con la bebida, tras evaluarlo aceptaron el riesgo de que fuera un mal ciudadano o ciudadana.

De esa manera, como culpables solidarios de las tropelías de sus abanderados, también deben ser sometidos a juicio a los directivos que los seleccionaron, a quienes valoraron sus trayectorias y las validaron para ocupar un cargo público, con las afectaciones que pudieran resultar para su comunidad.

Sé que parece un sueño guajiro que eso pueda concretarse, pero en la práctica ha quedado claro que los mexicanos difícilmente atendemos una amonestación o una simple multa si podemos pagarla. Si no nos obligan a cumplir, nos pasamos las violaciones a la ley por el arco del triunfo.

Así que la frase que debe aplicarse en los casos de candidatos indeseables y los partidos que los designaron, debería ser ésta:

Si la bendición la dan los directivos de partidos, que también sufran la maldición…

LA DUDA

Ayer, el senador Américo Villarreal Anaya dijo que más de 10 millones de adultos mayores ya fueron vacunados en las dos aplicaciones. Pidió aplausos para el gobierno por lo que llamó un gran logro.

Sin embargo, la duda bailotea en ese entarimado.

Según el último censo ese segmento poblacional suma alrededor de 16 millones en nuestro país, con lo que 6 millones aún seguirían según los números oficiales, sin protección frente al letal virus.

La cifra hasta podría ser manejable, si no fuera porque las cifras de organismos privados señalan que es al contrario: Sólo poco más de 6 millones han sido inoculados y siguen a la deriva sanitaria más de 10 millones, lo que de ser cierto es un escenario de pesadilla.

¿A quién le creemos?…

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