El siglo XXI contempla a México en convulsión por guerra con decenas de miles de muertos y desaparecidos con origen en el desenfrenado consumo de drogas que realiza Estados Unidos, y lo peor, la exigencia norteamericana a México por cerrar la frontera al paso de la droga es proteger intereses de productores afines a ese gobierno, como sociedad nada hace para abatir el consumo de droga. Esta medida provocó un enorme daño a México al crear un nuevo producto social, el delito modalidad al amparo de la complicidad de los gobiernos federal y estatales con más variables en contra de la sociedad, secuestro, extorsión, asesinato, despojo, trata de personas, robo de combustible, robo de energía eléctrica.
Peña Nieto supera el daño social que la guerra de Calderón provocó, sin mostrar avances en acotar al crimen, por el contrario, fragmentar las organizaciones hizo proliferar centenares de células que operan independientes o en alianza temporal, por ello los constantes enfrentamientos.
En Estados Unidos, país por excelencia de uso de automóvil, 50 mil personas mueren por año por sobredosis de droga, más que por accidentes. La droga química gana terreno pues se elabora en suelo norteamericano, su alta capacidad adictiva y su alto riesgo de provocar la muerte. Es el gran mercado de consumo de droga y para adquirir armas, mezcla explosiva que hace sentir su efecto violento en México. Estados Unidos lucha por proteger el negocio que inició con la venta de droga en barrios pobres a personas de color, de lo contrario, el esfuerzo se concentraría en la prevención y la salud, la educación y valores éticos y morales en los hogares para acotar el uso de drogas, y en la atención médica y psicológica de más de 40 millones de adictos.
La guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada está perdida. La ola de violencia incontrolable en diversas entidades del país evidencia la ausencia de gobierno federal. Las acciones de las Fuerzas Armadas, expresado por el general Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional, se mantienen fuera de la ley por lo que para ellos es vital la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, característica de regímenes autoritarios, para garantizar impunidad a los funcionarios federales encargados de la seguridad, y que se resisten a reconstruir los cuerpos de policía y sentar el modelo correcto y legal de seguridad. La ley de seguridad daría marco legal a la ilegal guerra contra el narcotráfico al servicio de los intereses de seguridad, políticos y económicos de Estados Unidos.
Desde Calderón se anuló el derecho del ciudadano mexicano, migrantes y turistas a estar seguros. Se falló en el compromiso de disminuir índices de criminalidad en contra de la sociedad. México resiente una amplia y profunda inseguridad pues ni querer imponer seguridad al margen del Estado de Derecho, incluso sin derechos humanos, logró doblegar a las bandas delincuenciales que con facilidad crecen por el nuevo fenómeno social, “el crimen sí paga”. Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, expresó, “el respeto a los derechos humanos, y el buen funcionamiento del Estado de Derecho va de la mano con la seguridad ciudadana”.
Después de una década de presencia en las calles de las fuerzas armadas en tareas de seguridad con pésimos resultados, los Tres Poderes de la Unión deben organizar la participación social en esta lucha (académicos, organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, víctimas de violaciones, organismos y asociaciones) para acordar un modelo integral que inicie con cárcel para los cómplices gubernamentales y políticos del crimen organizado, para quienes en la iniciativa privada lavan dinero y son prestanombres; acabar con la corrupción, con la complicidad y con la impunidad y dar la seguridad que merece la sociedad. Si el Estado Mexicano hace legal el uso de las fuerzas armadas, acabará con el Estado de Derecho con el fin de disponer de acuerdo a su interés de las fuerzas armadas y estar en posibilidad de contener un estallido social de justa inconformidad ante su estatus fallido de gobierno.