El gobierno de Tamaulipas inició este enero con el programa de canje obligatorio de placas vehiculares con el argumento de mantener actualizado el padrón vehicular, mejorar la seguridad y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El costo de las placas color guinda y derechos vehiculares es de 2 mil 500 pesos que tendrán que pagar los contribuyentes, recurso con el que se pretenden recabar hasta 500 millones de pesos para destinarlos, según dijeron,  a mejoras de infraestructura y servicios públicos.
Las autoridades estatales han defendido la medida argumentando que el canje de placas es necesario ahora, aunque antes no todos pensaban lo mismo. Varios de los actuales funcionarios y legisladores de Morena en Tamaulipas criticaron en el pasado azúl los programas de reemplacamiento implementados durante el sexenio de los panistas, argumentan que estas medidas eran una carga económica innecesaria para los ciudadanos y que no siempre se justifican en términos de seguridad o actualización vehícular y ahora que son gobierno resulta que cambiaron de opinión.
Y no se trata de criticar el programa el cual consideramos necesario cada cierto tiempo y se vea reflejado en mejoras el recurso recaudado;  pero si criticamos la postura de los que nos representan en el Congreso que una vez más deja en evidencia que obedece solo a intereses partidistas.
Cuando no eran gobierno se levantaron como abanderados de las causas populares, como defensores de la economía de los tamaulipecos,  y ahora que están del otro lado de la moneda se olvidaron de esa misma crisis económica de la que ahora ya no hablan y prefieren resaltar los beneficios de mantener identificados a los conductores.
En diciembre del 2021 la mayoría de Morena en el Congreso del Estado aprobó eliminar el cobro de reemplacamiento a partir del 2022, fué en los tiempos de Úrsula Salazar que se defendió esa iniciativa, postura que fue respaldada incluso por los diputados del PT y Movimiento Ciudadano. En el 2023 , ya con el cambio de mando en la entidad, los mismos diputados revirtieron la medida y aprobaron el cobro del reemplacamiento en Tamaulipas justificando su acción con que era necesario actualizar el padrón vehicular, recabar recursos para la mejorar de infraestructura vial y mejorar las condiciones de seguridad, argumentos que antes no consideraban válidos.
El problema no es el programa, es el doble discurso, la falta de coherencia y la facilidad con la que se traicionan los principios que defendieron cuando no tenían el poder.
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