Si hay algo que debiera realmente indignarnos como sociedad es sin duda, que el dinero destinado para comprar medicinas, equipo médico o insumos para cuidar lo más valioso que tenemos, la vida, haya sido desviado por autoridades corruptas para fines personales.
Y es que eso es lo que pasó durante la administración estatal del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en la Secretaría de Salud de Tamaulipas, de acuerdo a la denuncia presentada por el área jurídica de esta dependencia durante la administración actual.
Contratos sin firmar, pagos sin que hubiera una factura de por medio, adjudicaciones directas sin ser necesarias y la inexistencia de expedientes de compra, son parte de las graves irregularidades realizadas por esta dependencia durante la gestión de la ex secretaria Gloria Molina Gamboa, por un desvío de 343 millones de pesos.
Lo informado este miércoles por la mañana en una rueda de prensa en Palacio de Gobierno por el director jurídico de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña, sólo confirma lo que la opinión pública ya sabía, el desfalco descarado y millonario de las arcas estatales por parte del ex gobernador y colaboradores.
De acuerdo a lo expuesto ante los medios de comunicación, la dependencia estatal presentó denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas por estas prácticas corruptas.
En total se presentaron 70 denuncias, 14 de ellas penales, por delitos como: Uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un quebranto de 343 millones 966 mil durante los ejercicios 2017 y 2018.
La denuncia no sólo confirma el robo de los recursos estatales, también revela la complicidad entre los hermanos Sergio y Julio Carmona con Cabeza de Vaca y su gobierno, pues fueron dos empresas, Grupo Industrial PERMAT y Grupo Industrial JOSER, propiedad de los hermanos Carmona Ángulo las beneficiadas con estas acciones irregulares.
Además de las pruebas presentadas a las autoridades correspondientes, durante la rueda de prensa se resaltó que en total el Gobierno de Tamaulipas hizo contratos por 500 millones de pesos con estas empresas, de los cuales no entregó 157 millones, sin que ninguna de estas ejerciera acción legal contra la administración cabecista por la falta de pago, una conducta bastante sospechosa de que hubo una complicidad.
La denuncias están hechas contra el ex mandatario estatal Francisco García Cabeza de Vaca, Gloria Molina Gamboa ex secretaria de Salud; Horacio García Rojas Guerra, subsecretario de planeación de la Secretaría de Salud; Alejandro Aguilar Poegner, subsecretario de Administración y Finanzas y Román Castillo Airola, director de compras de la Secretaría de Administración.
Lo presentado, reafirma el nivel de corrupción durante el sexenio cabecista en la Secretaría de Salud de Tamaulipas, en una dependencia fundamental para el bienestar de la gente, pues desviar dinero de una área tan sensible como la salud, sólo revela la inhumanidad y la voracidad de quienes gobernaron, que con tal de hacerse de dinero pusieron en riesgo la salud y la vida de los tamaulipecos.
Representa también un golpe político contundente contra el grupo cabecista y se les cae la narrativa de que presuntamente sólo figuras políticas morenistas estuvieron ligados a los hermanos Carmona, pues con lo expuesto se revela claramente cómo la corrupción no hace diferencias ni de colores ni de partidos.
Lo revelado refuerza en la opinión pública que la narrativa del ex gobernador de victimizarse como un perseguido político es una mentira, que en los casos de corrupción en su gobierno hay mucha tela de donde cortar e incluso aumenta las posibilidades para que otros grupos panistas como los liderados por Chucho Nader o el Truco Verástegui se hagan con el control del Comité Estatal del blanquiazul en Tamaulipas.
Pero más allá del tema político, lo verdaderamente importante es que las autoridades competentes actúen, que de comprobarse estas corruptelas se actúe legalmente contra los responsables y que se recuperen los cientos de millones robados al erario público a costa de los tamaulipecos.
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