Ante el inicio de las redadas de migrantes en Estados Unidos que iniciaría este domingo, las organizaciones sociales de ese país aliadas con la Organización No Gubernamental denominada Unión Americana de Libertades Civiles, promovieron una demanda preventiva para frenar los operativos de las autoridades gubernamentales de ese país, en contra de los centroamericanos no documentados, que radican en 10 ciudades importantes de la Unión Americana.

El argumento de las organizaciones civiles es que las familias de no documentados se les debería permitir acudir o recurrir a tribunales de ese país. Ya que una cantidad relevantes de los casos de cada núcleo familiar, están plagados de irregularidades de carácter administrativo.

Mientras que el aparato migratorio de ese país tiene como meta inmediata deportar al menos a 2 mil centroamericanos, de los cuales las autoridades migratorias enfrentan orden de deportación y, en la mayoría de los casos se trata de personas que laboran y han obtenido la nacionalidad, es decir, están documentados en Estados Unidos como personas productivas, que pagan impuestos y gozan del Seguro Social de ese país.

Lo que advierten los ONG, es que el gobierno gringo pretende dividir a las familias de personas que ingresaron a ese territorio y que se acogieron a los últimos gobiernos gubernamentales no afines a la actual administración gubernamental del país Yanqui.

No se puede ignorar que hablar de 2 mil migrantes en los próximos días en Estados Unidos no se comparan con las expectativas de deportación de parte del gobierno mexicano, del orden de los 147 mil migrantes. Por ello no es descabellada la información difundida en las redes sociales de Norteamérica en la que destacan que la meta de Washington es identificar y deportar a un millón de personas no documentados.

Por lo mismo los gobiernos de los estados fronterizos mexicanos, buscan identificar programas y acciones paliativas para que las deportaciones de migrantes dejen de convertirse en un asunto nocivo para los estados fronterizos, ya que ese millón de personas no documentadas implican la separación de las familias y en México se carece de protocolos para atender o responder circunstancias de esa naturaleza.

La crisis migratoria de la que ya participan las ciudades mexicanas, se han incrementado porque esa acción promovida por el gobierno norteamericano desde el año anterior tiene un fin político, ya que el flujo de familias completas son alentadas, reciben un incentivo para movilizarse por cualquier medio. Ya que la idea es que los centroamericanos sean repudiados por la política trumpista.

Hemos de recordar, qué para llegar a la presidencia del gobierno de Washington, el actual presidente ganó la simpatia en los distritos electorales de ese país, por su repudio a los migrantes, esa ha sido su característica y por lo mismo en Latinoamerica promueve el flujo migratorio para que sus connacionales confirme que las políticas de rechazo de su presidente, están vigentes.

En el orden local, la Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral hizo pública la convocatoria para designar a la consejera o consejero presidente del Instituto Estatal Electoral en sustitución de Miguel Angel Chavez García quien renunció al puesto y nombro de manera provisional a la actual titular María de los Angeles Quintero Rentería. El proceso para seleccionar al nuevo prospecto inicia en el mes de agosto y concluye en el mes de noviembre del 2019.