¿Recuerda usted la época en la cual las compañías de telefonía móvil vendían los minutos con uso de internet ilimitado? Fue hace una década cuando concluyó esta oferta y se invirtió el negocio; las llamadas son ilimitadas y la venta de internet es el negocio, un giro en el país que se retrasó respecto de otro, así que si deseamos adivinar el futuro para el mundo, hay que conocer cómo se desarrolla en países de primer mundo las Tecnologías de la información y de comunicación (TIC)
Aunque todo país tiene leyes para regular la actividad cibernética, existen tratados internacionales que establecen estándares, como no sancionar a intermediarios (Google, Facebook) por contenido publicado por tercero. Se considera absurdo que sean responsables cuando algún usuario propague contenido ilícito al no ser ellos los autores, aunque están sujetos a sanción si la autoridad solicita retirar un contenido específico y no lo hacen, punto de partida para regular Internet pues se protege el derecho a la libertad de expresión, pero hay países que la limitan dado el masivo alcance que tiene.
En Alemania la tolerancia es mínima. En Venezuela y Egipto se ha suspendido su uso restringiendo la libertad para manifestarse contra el gobierno y de acceder a información de interés colectivo. La sociedad sabe que es en la red (Facebook, Twitter, YouTube) donde la información circula sin maquillaje y los gobiernos la limitan.
Otro aspecto es ponderar entre distintos derechos: de expresión y de acceso a la información, o el derecho a la privacidad y al honor; qué tanto se tiene derecho a que se proteja su intimidad en contrapeso a que al garantizar el acceso a la información, se tenga acceso a la vida íntima odatos privados de la persona. Regular la libertad de expresión respecto de discursos de odio, puede ser positivo al tomar en cuenta que la red es una plataforma masiva que difunde sin control mensajes discriminatorios hacia grupos vulnerables. Francia está por implementar una ley que sancione a espacios cibernéticos que alberguen contenido xenofóbico. El derecho al olvido se relaciona con derecho a privacidad y honor. Cualquiera puede ser “googleado”. Es natural encontrar información que sea mancha en la reputación de una persona o que implique daño a su imagen.
En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales indica que cada individuo puede ratificar u oponerse a los datos sobre su persona en posesión de particulares. Los servidores responden a una legislación diferente. ¿Qué hacer cuando un usuario se opone a la información que encuentra sobre su persona en un servidor? El derecho al olvido consiste en que la persona pueda suprimir información de su pasado que dañe su imagen hoy día.¿Suprimir esa información es violar el derecho de acceso a la información? ¿Es relevante para el interés colectivo tener registro del expediente de una persona? ¿Se debe privilegiar el derecho a la privacidad y a la intimidad por encima del acceso a la información? En materia penal es peor. El Estado debe garantizar la reinserción social del ex convicto al cumplir su condena, sin embargo un servidor informará su historial delictivo. ¿Es relevante proteger el derecho al olvido y al honor de esa persona, o importa más el acceso a la información de la sociedad para saber antecedentes de quien ya pagó la pena?
En México, la libertad en el ciberespacio sufrió retroceso por políticos que usan la red social para manipular y amenazar. El gobierno federal usó Pegasus, destinado a ubicar criminales, para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, por la Procuraduría General de la República, las Secretarías de Gobernación y la Defensa Nacional. Dada la calidad de las agencias implicadas y bajo pretexto de la seguridad nacional, jamás sabremos la verdad.
Freedom House en un informe cita que México es un país parcialmente libre en internet y no libre en prensa y su calificación empeoró los últimos siete años. Cita que la reforma en telecomunicaciones de 2014 de México autoriza a las fuerzas de seguridad, policía, militares, agencias de inteligencia, a pedir datos de geo localización de los usuarios bajo pretexto de vulnerar la seguridad en el país y denunció la manipulación que deslegitimiza protestas sociales o criminaliza movimientos.