(Intro: Con esta estrategia de eliminación de intermediarios públicos y privados se ha logrado ampliar la población beneficiaria y hacer rendir el dinero público.)
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) se ha convertido en materia de disputa entre la Federación y los estados, especialmente los agrupados en la llamada “Alianza Federalista”.
El Fonden es la partida presupuestal destinada a atender, con carácter de urgente, a la población que se ve afectada o expuesta a alguno de los 22 siniestros naturales más comunes en nuestro territorio, desde huracanes hasta sismos, pasando por inundaciones, incendios forestales, apagones y daños a la infraestructura urbana o carretera.
“El Fonden fue originalmente creado como un programa dentro del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1996, y se hizo operacional en 1999 cuando se emitieron sus primeras Reglas de Operación. Se divide en prevención, respuesta y reconstrucción.
“Su objetivo es atender los efectos de desastres naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de la dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas”. (Infobae, 6 de octubre de 2020).
Para acceder a estos recursos, cada estado tiene la responsabilidad de emitir una declaratoria de desastre en menos de 72 horas posteriores al suceso. El Gobierno federal es el encargado de entregar los recursos, en especie o en efectivo, y dependiendo de la gravedad en que se encuentre la población y la infraestructura afectada, la cual se determina a través de un censo de daños realizado por un comité de evaluación técnica.
Su virtud es la flexibilidad y rapidez con que se puede disponer de recursos frescos para afrontar los efectos de una desgracia imprevista. Sin embargo, aquí radica también su vulnerabilidad, porque los controles, supervisiones y filtros que existen para el recurso público presupuestado ordinariamente se eximen en el caso del Fonden, en razon de la urgencia o emergencia.
Tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de la Función Pública han documentado los abusos y desviaciones que se han dado en la aplicación de las partidas del Fonden, cuando se trata de declaratorias de emergencia.
Por ejemplo, algunos de los productos más requeridos por la población damnificada en una inundación como la que vive actualmente Tabasco son los cobertores o las frazadas, las despensas alimentarias y las medicinas. Pues bien, el mismo cobertor que cualquier persona podría adquirir en 150 pesos, es comprado por algunos gobiernos estatales y municipales hasta en 1,500 pesos cada uno. Otro ejemplo: las despensas que en todo mercado es posible conseguir por 130 pesos, en Aguascalientes se facturan en 400 pesos; en Baja California sur, en 550 pesos, y en Tamaulipas, en 700 pesos.
En Nayarit y Tabasco, con motivo de las afectaciones recientes por las inundaciones, se ha puesto en marcha en estos días la nueva forma de aplicar los recursos extraordinarios para apoyar a la población damnificada. De manera directa, sin mediación de autoridad o nivel de gobierno alguno, la Tesorería de la Federación hace llegar a las personas beneficiarias el recurso monetario o la despensa solicitada, facturando al precio más económico del mercado.
Con esta estrategia de eliminación de intermediarios públicos y privados, se ha logrado ampliar la población beneficiaria y hacer rendir mejor el dinero público.
Suena paradójico, pero el Gobierno no extinguió al Fondo de Desastres Naturales, sino el desastroso uso y abuso que durante años se hizo de él.
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