Durante toda esta semana, hemos estado publicado en EL MERCURIO de Tamaulipas, parte de las irregularidades ocurridas en el sexenio de EGIDIO TORRE CANTÚ, las cuales van desde anomalías al manejar el dinero, hasta observaciones de derechos humanos, entre otras.
Ya hemos ventilado numerosas denuncias por mala administración financiera en este espacio, como opacidad con que se efectuó la compraventa de un predio ejidal donde fue construida la Torre Bicentenario.
En la irregular operación de compraventa, aparece como principal beneficiario el empresario PEDRO LUIS VALDEZ GARZA, quien en su tiempo exhibió una escritura elaborada en la notaría pública de ALEJANDRO ETIENNE LLANO.
La operación se realizó en el año 2014, habiendo actuado como representante legal del Gobierno de Tamaulipas, el entonces Secretario de Administración, JORGE ABREGO ADAME.
También hemos dado amplio despliegue a las declaraciones de JORGE ESPINO ASCANIO, Auditor Superior del Estado, quien reveló irregularidades en el manejo del gasto por un monto superior a los 20 mil millones de pesos, derivadas de la revisión de cuentas del ejecutivo estatal durante el último año de gestión de Torre Cantú.
No obstante, la gravedad del daño, el tiempo transcurrido desde la primera denuncia, lo numeroso de éstas y los ofrecimientos oficiales para combatir la corrupción, no hay a la vista ninguna querella formalizada ni se sabe que hayan comparecido los funcionarios involucrados.
Hace días, JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, sostuvo que está abierta la posibilidad de profundizar en las investigaciones, mas todo ha quedado en amagos.
Hernández Correa manifestó que “el que nada debe nada teme” y se pronunció a favor de que los ejercicios presupuestales cuestionados al ex gobernador de Tamaulipas se abran para confirmar si hubo las anomalías de las que se habla, mas no se sabe que las declaraciones se hayan traducido en alguna acción legal.
Recientemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ventiló públicamente la Recomendación 8VG/2017 formulada contra responsables de la procuración de justicia, en el sexenio de Egidio.
Dicha instancia estableció que funcionarios de la Procuraduría tamaulipeca fueron omisos en su deber y procedieron con negligencia durante investigaciones relacionadas con homicidios.
Asimismo, los agentes del Ministerio Público incumplieron protocolos de búsqueda y localización de testigos, además de que no solicitaron pruebas periciales idóneas, una práctica reiterada a lo largo del sexenio.
Pese a lo anterior, no hay visos de citatorios para que el ex mandatario comparezca para rendir cuentas.
Nosotros creemos que con todas las pruebas expuestas a lo largo de estos días, el gobierno actual tiene la mesa servida para seguir actuando en contra de la corrupción que tanto abundó durante el sexenio pasado, y esto no lo decimos solo porque sí, pues basta simplemente con darle una revisada a los ex funcionarios, que después de haber acabado el sexenio egidista muchos se convirtieron en grandes empresarios sin habérseles conocido una actividad ligada a la IP, antes de tener la “fortuna” de trabajar en el gobierno. Ejemplos como estos hay muchos, y basta voltear a ver los desarrollos comerciales que han surgido en la ciudad, los cuales seguramente si tuvieran que explicar el origen de dichos recursos para estas construcciones sería muy complicado demostrar que es un dinero bien habido.
Pero eso ya tendrán que decidirlo las autoridades correspondientes si es cierto o no. Aunque, luego de ver la respuesta de muchos funcionarios gubernamentales referente a las publicaciones aquí hechas, definitivamente pensamos que no habrá una actuación del gobierno para castigar a estas personas que saquearon al Estado, al menos que lo estén guardando para un tiempo más cercano a las elecciones del 2018.
TAMAULIPAS SE DESMARCA DE CALDERÓN
Según el presidente estatal del PAN, FRANCISCO ELIZONDO, ninguno de los 24 alcaldes de Acción Nacional, tiene ‘amarrada’ la reelección para el 2018, por lo que deberían ser “más conservadores” en sus aspiraciones.
Haya o no reelección, considera Elizondo, su partido tiene suficiente fortaleza para participar exitosamente en las elecciones del próximo verano.
En otra declaración, recomendó a los militantes asumir las consecuencias si dan su apoyo a un candidato independiente como MARGARITA ZAVALA. “Si eso sucede por parte de un militante, no está siendo congruente”, señaló.
Suena razonable la advertencia de Kiko Elizondo, de no apoyar a Margarita, porque la ex primera dama ya no es militante del PAN, aparte de que ella todo lo que resalta son “logros” de su esposo, el expresidente FELIPE CALDERÓN, cuando éste gobernó al país bajo las siglas de Acción Nacional; consecuentemente, es ilógico que Margarita se diga independiente, cuando sigue utilizando al PAN como referencia para tratar de ganar adeptos, cosa que no ha podido conseguir.
Pero volviendo a la actitud del dirigente de Acción Nacional en Tamaulipas, nos queda claro que la decisión de los dirigentes estatales y del propio gobernador estará en la disyuntiva de apoyar al Frente Único, en caso de que se dé, o a RAFAEL MORENO VALLE, ex gobernador de Puebla y el cual ha demostrado tener una buena relación de apoyo recíproco con Cabeza de Vaca, aunque en nuestra manera de ver las cosas, el apoyo será, al final, para el aún dirigente del PAN, RICARDO ANAYA.
QUIENES VAN POR LA REELECCIÓN, NO LA TIENEN FÁCIL
SERGIO GUAJARDO MALDONADO, presidente del PRI en la entidad, continuó con los destapes de precandidatos y esta vez se refirió a las aspiraciones de 6 alcaldes de Victoria, Miquihuana, Matamoros, Río Bravo, Tampico y Camargo, que buscan la reelección, de los cuales vale la pena destacar los casos de OSCAR ALMARAZ, MAGADENA PERAZA, JESÚS DE LA GARZA y JUAN DIEGO GUAJARDO.
Sin afán de querer calificar o evaluar las actuaciones de cada uno de los prospectos, es lógico que tendrán una tarea complicada para sacar adelante la reelección, porque ahora teniendo al PAN en el poder estatal, no tendrán las cosas tan fáciles como antaño, cuando el PRI era el mandamás en el Estado.
En el caso de Juan Diego en Río Bravo y “Chuchin” De la Garza, en Matamoros, han existido señalamientos esta semana de problemas en el pago de sueldos a la burocracia municipal. Específicamente en Río Bravo, se ha complicado la prolongada ingobernabilidad en el municipio, además de su falta de entendimiento con el gobernador.
No menos complicada es la situación del alcalde matamorense, quien junto a su tesorero ALFREDO GARZA GARCÍA, enfrentan denuncias por el retraso en el pago de nómina a 2 mil 700 empleados.
Incluso, ahí sucedió el inverosímil caso de que la Contraloría Municipal aceptó una queja de un regidor quién busca por todos los medios se finquen responsabilidades a los causantes de dicha falta.
En el caso de Victoria, a OSCAR ALMARAZ, se le ha estado criticando la posible remodelación de la calle 17, aunque con las declaraciones de la secretaria de Obras Públicas del Estado, CECILIA DEL ALTO, en el sentido de que es una obra compartida del municipio con el Estado, esto es una especie de “espaldarazo” para el alcalde de la capital que pudiera traducirse en que su posible reelección no sería tan complicada como en el caso de “Chuchin” y de Guajardo.
En Tampico, esta semana el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, puso en marcha la construcción de dos pasos a desnivel para agilizar el tránsito vehicular, y a partir de dicho suceso todo mundo espera que sea el inicio del desarrollo de la obra pública en el Estado.
Obvio es que, independientemente de los beneficios que tales proyectos vengan a dejar en aquella zona, cualquier obra en cualquier parte, tiene una bandera electoral por naturaleza, sin distingo de que corra a cargo de los gobiernos del PAN, del PRI, o de algún otro partido.
De ahí que Magda tendrá una tarea complicada en caso de buscar su reelección, pero conociendo la habilidad de la alcaldesa, no dudamos que pueda salir adelante.
DELEGADO DE PROFECO, PUNTO DÉBIL PARA EL PRI
Pese a estar legalmente inhabilitado para desempeñar cargos dentro de la administración pública federal, JORGE ALBERTO MÉNDEZ GUILLÉN fue reinstalado como delegado de la PROFECO en Tamaulipas.
Cabe recordar que Méndez tiene vigente un impedimento para trabajar en el gobierno de la República, hasta por 10 años, fincado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), según consta en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, por negligencia administrativa.
Extrañamente, el funcionario fue reinstalado en la delegación, siendo que las autoridades centrales habían aceptado con anterioridad que el nombramiento se apartaba de las normas.
Incluso se dijo que Méndez Guillén había sido deshonesto al no informar a los jefes de su situación legal, motivo por el cual ameritaba una nueva sanción.
Con el transcurrir de los meses y probablemente creyendo que el asunto había sido olvidado por la opinión pública, el heredero de MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE fue nuevamente colocado en una función que ni siquiera conoce.
La evidente obstinación del funcionario, como de quienes lo sostuvieron contra viento y marea en la PROFECO, ha dado pie a que se reactiven las críticas, justo ahora que el proceso electoral 2017-2018 está en su fase de preparación, a sabiendas de que todas las deficiencias de gobierno los electores las cobran con votos de castigo.
Tanto el delegado, como sus jefes, deben saber que del cuestionado nombramiento se agarrarán los partidos para lanzar ataques, como ya se ha visto.
Esta designación del hijo de “Paloma” Guillén, que ciertamente refleja las buenas relaciones de la tampiqueña con el secretario de Gobernación MIGUEL ÁNGEL OSORIO, viene en el fondo a perjudicar la de por sí ya devaluada imagen del PRI en el Estado.
Si tomamos en cuenta el desprestigio que dejó el gobierno de EGIDIO TORRE en Tamaulipas, aunado a las inconformidades en contra del gobierno federal y ahora esta imposición de Méndez Guillén, da la impresión que el PRI no respeta las leyes e impone a su antojo a los funcionarios.
Seguramente esto les traerá consecuencias negativas.
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