El país está viviendo una sacudida importante en materia de corrupción y contrabando, y Tamaulipas se ha convertido en el centro de atención. La reciente operación contra el llamado “huachicol fiscal” demuestra que estas redes de evasión no solo involucran a empresarios, sino también a militares y funcionarios públicos. Lo ocurrido en Tampico, con el aseguramiento de casi 63 mil barriles de diésel y la detención de 14 personas, incluidas figuras de alto rango de la Marina, es apenas la punta del iceberg.
No se trata de un caso aislado. La investigación reveló todo un sistema; empresas fachada, documentos falsos y complicidad dentro de aduanas y cuerpos de seguridad. La inteligencia financiera y la Fiscalía han detectado más de 200 órdenes de aprehensión en curso. Esto demuestra que el huachicol fiscal no es un problema menor, sino uno enorme, que afecta directamente las finanzas públicas y la confianza en las instituciones.
La detención de esta red, dada a conocer el fin de semana, envía un mensaje claro de que se está combatiendo la corrupción. Sin embargo, el hallazgo del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez sin vida, presuntamente vinculado a la trama, deja en evidencia los riesgos y presiones que enfrentan quienes se involucran en estos asuntos.
Lo que vemos es un problema que cruza fronteras y sectores; militares, empresarios, funcionarios, políticos y faltan muchos nombres mas por revelar. El huachicol fiscal no solo daña la economía, también demuestra cómo la corrupción debilita al Estado.
La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro en su mañanera que la investigación seguirá “tope hasta donde tope” y que no habrá concesiones para nadie, un paso necesario para restablecer la confianza ciudadana. Sin embargo, llama la atención que durante su visita a Tamaulipas este domingo no dijo nada sobre el tema, a pesar de que era la noticia del fin de semana.
Que Dios los bendiga, gracias. Leo sus comentarios en mis redes sociales.