La sostenibilidad ambiental es justicia intergeneracional. No es encontrar la apropiada tasa de uso frente al futuro. Es un derecho de las generaciones futuras de gozar del mismo nivel de bienestar que la generación presente, derecho que se compromete en la medida que se destruye el ecosistema como sucede históricamente. Centenares de especies animal y vegetal se extinguen por acción del hombre. Los búfalos en Estados Unidos se exterminaron para dominar a las tribus indias que se enfrentaban al gobierno para impedir que se les despojara del territorio que habitaban y la riqueza natural, incluidos oro y plata, de lo que por derecho natural era su entorno que respetaban, veneraban y le quitaban sólo lo necesario para vivir. Del búfalo, los indígenas utilizaban todo, hasta los huesos.
En un contexto en que esa destrucción y el aumento de la temperatura ocurren a tasa más alta de lo esperado, la igualdad intergeneracional es impostergable. La desigualdad entre generaciones conlleva un costo de productividad futura en la medida que se acotan los servicios productivos del ecosistema. También en la actual generación la desigualdad afecta medio ambiente y productividad. Un ejemplo es la emisión de contaminantes en las ciudades según el medio de transporte que se utilice, con marcados efectos en la salud.
La política de infraestructura urbana y de uso del suelo penaliza el transporte colectivo del que dependen los sectores de ingresos más bajos, resultado de la desigualdad y la segregación en política de infraestructura urbana. Al favorecer el transporte individual, la desigualdad tiene consecuencia ambiental negativa y refuerza este efecto en la productividad de las personas, ya que los sectores de menores ingresos realizan viajes más largos y viven en barrios más expuestos a la contaminación. A la ausencia de justicia intergeneracional ambiental, con su costo de bienestar y productividad, se suma la forma en que cada segmento de ingreso contribuye a la contaminación y está expuesto a sus efectos.
Los problemas que causa la desigualdad son ausencia o baja calidad de bien público, seguridad, educación, salud y medio ambiente, al igual que la carencia de sistema que garantice la igualdad de oportunidades. Tal vez el principal bien público que el Estado ofreció en su origen, poderoso motor en la construcción de sus capacidades, fue la defensa. Gran parte de innovaciones que aplican empresas líderes tienen su origen en investigaciones con fines de defensa o influidas por ellas. Las naciones desarrolladas se volcaron a producir bienes públicos de demanda del estado de bienestar. El tipo de régimen que impera determina la producción de bienes públicos. Existe una relación positiva y robusta entre democracia y oferta de bienes públicos. En México, democracia de mentira, es natural los pésimos resultados que los bienes públicos brindan; educación, salud, salario, seguridad.
Similar a lo que sucede a nivel nacional, la desigualdad de ingreso y poder en el mundo dificulta la transición hacia un modelo con mayor provisión de bienes públicos globales. La globalización, plena liberalización comercial y financiera con la regla de reducir al mínimo los costos de transacción entre países, es incompatible con la existencia humana.
Los actores que se encuentran en la cima de la distribución, tendrán motivos para oponerse al equilibrio. Cuanto más elevada es la desigualdad económica y política, mayores serán el poder y los incentivos para resistir la transición. La democracia y la igualdad política son necesarias para el desarrollo, espacios y formar coaliciones favorables para mayor oferta de bienes públicos. La prueba es el proceso electoral 2018, “un cambio para que todo siga igual”.