La ley contra la extorsión aprobada por la Cámara de Diputados será la respuesta que esperan los mexicanos ante el crecimiento de un delito que aumenta 58% en los últimos 6 años y engulle pequeños empresarios, comerciantes, transportistas y familias enteras.

La intención puede ser buena, pero no hay resultados. La ley pretende ayudar a las víctimas de este ilícito, pero difícilmente lo logrará pues su diseño riñe con este objetivo. La extorsión es un delito extendido, que asfixia a múltiples regiones del país. Son redes que incluyen gobernantes, funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; centros penitenciarios, múltiples autoridades y criminales.

La oposición expuso el asunto: “¿Por qué bajan la sanción al funcionario que omite y favorecen al extorsionador?” La respuesta, un argumento jurídico, la “racionalidad punitiva”, la omisión no es tan grave como la extorsión, pero en la realidad, la omisión permite que el cobro de piso y otras modalidades proliferen con la ley.

En la vida, no en el submundo de los Diputados, ajenos a la realidad e interés del mexicano; abrir un negocio en México obliga a pagar cuota “desdenantes” de abrir. Transnacionales y millones de emprendedores y comerciantes están en estatus de abandono por falta de protección jurídica y de seguridad en México.

Sin presupuesto necesario, con funcionarios sin capacidad, con ley que cuida al criminal, el Estado establece una política que otorga protección al delincuente. El desánimo de la ciudadanía ante la falta de aplicación y triunfo de la justicia es evidente. En México, 97% de las víctimas de extorsión no denuncia. Cambian las leyes, sin transformar las estructuras.

Aún cuando la presidenta Sheinbaum busca generar percepción de que actúa con libertad, pero su acción se nota limitada por falta de recursos económicos y apoyo. Además, le es urgente incrementar el crecimiento económico para enfrentar las elecciones intermedias del año próximo en EE.UU., y en 2027, las de México.

Tanto se dejó crecer la impunidad criminal y la pusilanimidad política que el criminal se siente inmune a cualquier acción en su contra. ¿Cuál poder alienta los bloqueos carreteros?

La impunidad es tan amplia y profunda que la extorsión o el narcotráfico se realizan a plena luz de día y marcan con sangre el dominio sobre el territorio.

Tanto se hizo caso omiso durante gobiernos anteriores incluido AMLO, que ahora es un barril de pólvora. Los problemas derivaron en estatus criminal organizado, tan bien y tan fuerte, que el Estado se ve impotente. Se ve chiquito ante el poderío del crimen enraizado en gobierno, fuerzas militares y paramilitares, iniciativa privada y pueblo bueno.