Una cosa es anunciar unidad entre partidos y otra demostrar que sus principales figuras pueden construir acuerdos. El intercambio público entre Olga Sosa Ruiz, de Morena, y Maki Ortiz Domínguez, del Partido Verde, exhibe esa dificultad en Tamaulipas.
Sosa acusa a Ortiz de impulsar una campaña de desprestigio mediante el presunto uso de recursos del Ayuntamiento de Reynosa. Maki lo niega y pide que su compañera aclare versiones sobre supuestos pagos a Sergio Carmona para promover ataques mediáticos contra adversarios. Son señalamientos que deben esclarecerse; ninguno puede presentarse como responsabilidad acreditada.
El problema político es que ambas pertenecen a fuerzas que hablan de caminar juntas. La propia Maki sostiene que la coalición permanece unida y que la prioridad es 2027. Sin embargo, el enfrentamiento muestra lo difícil que podría ser trasladar esa alianza a los acuerdos entre sus principales figuras.
¿Cómo pedirles a sus equipos que trabajen juntos si hoy intercambian señalamientos de esta gravedad? ¿Cómo negociar candidaturas, repartir responsabilidades y respaldar a quien resulte elegido después de semejantes cuestionamientos?
No hay una ruptura formal confirmada, pero sí una confrontación que puede complicar las negociaciones futuras. Porque los acuerdos entre dirigencias no borran automáticamente los agravios entre quienes aspiran a encabezar un proyecto.
Conviene distinguir los calendarios: en 2027 se disputarán ayuntamientos y diputaciones; la gubernatura corresponde a 2028, contienda para la que se mencionan los nombres de ambas senadoras. Hasta ahora, tampoco existe una definición acreditada de que esa candidatura deba recaer en una mujer.
El discurso de que es tiempo de mujeres no resuelve por sí solo la competencia entre ellas. Cualquier definición necesitará reglas claras y, sobre todo, disposición para aceptar un resultado que podría favorecer a otra persona.
Y ahí está precisamente el riesgo para Olga y Maki: mientras ambas se desgastan, otras figuras pueden encontrar espacio para fortalecer su presencia.
Aunque es aun muy pronto para buscar figuras para el 2028, si es por demás obvio que tanto Sosa como Ortiz tienen un activismo en posicionar su imagen, pero con este encontronazo que tuvieron ,en lugar de sumarles, les puede restar sin duda alguna.
Y fuera del bloque oficialista también hay quienes podrían aprovecharlo. Al PRI, al PAN y a cualquier eventual alianza opositora les conviene encontrar adversarios divididos. Eso no significa que ya hayan ganado terreno electoral, pero cada agravio entre aliados puede dificultar la movilización conjunta y ofrecer argumentos a sus competidores.
Las dos senadoras pueden creer que están debilitando a su rival. El riesgo es que terminen reduciendo también sus propios márgenes de negociación y afectando al bloque político al que pertenecen.
Morena y el Verde todavía tienen que demostrar hasta dónde pueden construir acuerdos en Tamaulipas. Olga y Maki, por su parte, tendrán que decidir si quieren llegar a esas negociaciones con argumentos para encabezar un proyecto o con agravios que dificulten compartirlo.
En nuestra opinión, la alianza está en entredicho por esa contradicción: se habla de unidad mientras dos de sus figuras más visibles se confrontan públicamente.
Y deberían preguntarse a quién están ayudando realmente. Porque mientras ambas intentan cerrarse el paso, podrían terminar despejándole el camino a otra figura de su propio bloque o a la oposición.
LA SEGURIDAD TAMBIÉN SE MIDE POR LOS CIVILES QUE PROTEGE
La propuesta de Eva Reyes González, diputada de Morena por Reynosa, merece atención y respaldo porque coloca en el centro una obligación fundamental del Estado: proteger a la población civil durante los operativos de seguridad y las situaciones de riesgo que puedan derivarse de ellos.
Lo ocurrido en Matamoros obliga a revisar cómo actúan las corporaciones y qué medidas se toman para resguardar a las familias. Combatir a la delincuencia organizada es una responsabilidad ineludible, pero debe cumplirse con protocolos que reduzcan los riesgos para quienes nada tienen que ver con ella.
El planteamiento de la legisladora contempla alertas a la ciudadanía, suspensión de clases en zonas de peligro, resguardo de hospitales y medidas preventivas para el transporte público y de carga, además de una mejor coordinación entre autoridades. Son acciones necesarias que requieren responsables claramente definidos: quién activa el protocolo, cómo se comunica la emergencia y qué debe hacer cada dependencia.
Eva Reyes González
Sería bueno que Morena y las fuerzas de oposición representadas en el Congreso —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— respaldaran la propuesta de Eva Reyes. La protección de las familias tamaulipecas debe estar por encima de los colores partidistas. Aquí existe una oportunidad para construir un acuerdo que tenga una utilidad concreta para la población.
Pero prevenir también exige rendir cuentas sobre lo ocurrido. Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, abrió la posibilidad de llamar a comparecer al secretario de Seguridad Pública por los hechos de Matamoros. Esa posibilidad debe tener seguimiento: hasta lo informado, no se había anunciado una comparecencia acordada
El Congreso haría bien en concretar ese llamado y solicitar explicaciones sobre las decisiones operativas, las medidas de protección adoptadas y las acciones para evitar otra tragedia. La comparecencia debe ayudar a esclarecer los hechos, mientras las autoridades competentes determinan las responsabilidades que correspondan.
Los policías tienen la obligación de enfrentar a la delincuencia, pero también de cuidar a la sociedad. El propósito de detener a un objetivo criminal no puede convertirse en justificación para poner en riesgo a personas ajenas a los hechos. Una tragedia como la de Matamoros no puede normalizarse ni despacharse como un costo inevitable del combate a la inseguridad.
Por eso, el planteamiento de Eva Reyes merece avanzar hacia obligaciones claras, recursos y mecanismos de supervisión. Habrá que revisar su alcance jurídico y evitar que termine en un exhorto sin consecuencias o en un documento que nadie aplique cuando llegue la emergencia.
Detener a un objetivo prioritario es un resultado de seguridad; proteger a la población durante ese operativo también debe serlo.
ANDY Y LOS RESPALDOS QUE NO SE VEN EN TAMAULIPAS
El apellido López Obrador tiene un peso enorme dentro de Morena. Pero ese capital político no se hereda automáticamente, especialmente cuando las controversias obligan a dedicar más tiempo a responder señalamientos que a construir una propuesta propia.
El caso de Andrés Manuel López Beltrán también puede observarse desde Tamaulipas.
Hasta el cierre de esta revisión, no hemos localizado posicionamientos públicos recientes de la senadora Olga Sosa, del senador José Ramón Gómez Leal, de la diputada Katalyna Méndez Cepeda o del diputado José Braña respaldándolo frente a los señalamientos que respondió en su mensaje del 3 de noviembre.
La referencia a Braña resulta particularmente llamativa por su parentesco con el expresidente. Sin embargo, ni la cercanía familiar obliga a una defensa pública ni la falta de un pronunciamiento demuestra, por sí misma, una ruptura.
Ariadna Montiel sí expresó su respaldo político y personal. Claudia Sheinbaum, en el pronunciamiento revisado, informó que no existía una investigación contra López Beltrán. Son intervenciones de distinto alcance: precisar una situación ministerial no equivale a defender toda la trayectoria de una persona.
La pregunta es por qué su defensa no parece haber encontrado un eco más visible entre las figuras tamaulipecas mencionadas. ¿Prudencia, prioridades locales o falta de disposición para asumir una controversia ajena? Sin una explicación de los propios protagonistas, son posibilidades que deben permanecer como preguntas.
Rumbo a 2027, cada aspirante tendrá que responder por sus resultados y por las figuras con las que decida identificarse. En ese contexto, involucrarse en polémicas nacionales puede representar un costo político que algunos prefieran evitar; todavía falta documentar si eso explica este caso.
Los señalamientos contra Andy no acreditan delitos. Pero su acumulación sí plantea un problema político para Morena: cuánto aporta su presencia y cuánto desgaste exige administrar.
Porque el reconocimiento al fundador del movimiento es una cosa. La disposición a comprometer el prestigio propio por su hijo es otra.
Y su discurso, en el que acusó a empresarios, medios y periodistas de impulsar una campaña en su contra, parece encajar en aquel dicho: “explicación no pedida, acusación manifiesta”. Políticamente, puede leerse como un intento de anticiparse a nuevos señalamientos en las próximas semanas. Eso no demuestra responsabilidad alguna, pero sí abre una pregunta: ¿por qué decidió salir a responder precisamente ahora?
EL ESCÁNDALO DEL INE Y EL TEMOR DE MORENA AL COSTO POLÍTICO
El escándalo que rodea al Instituto Nacional Electoral (INE) y a su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, amenaza con convertirse en un problema político mucho mayor de lo que inicialmente se esperaba. Conforme surgen nuevos señalamientos sobre presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción, también crece la preocupación por las consecuencias que este asunto podría tener para Morena.
Y aquí encontramos una coincidencia con el tema anterior, relacionado con Andrés Manuel López Beltrán, aunque con una diferencia que resulta reveladora.
Mientras los señalamientos contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador no provocaron una defensa pública generalizada de la dirigencia morenista, en el caso de Guadalupe Taddei hemos observado una reacción distinta: políticos vinculados a Morena han buscado establecer distancia entre el partido gobernante y la presidenta del organismo electoral.
La diferencia no es menor.
En lugar de cerrar filas alrededor de Taddei, la estrategia parece orientarse a deslindar a Morena de su llegada al INE. Incluso ha circulado el argumento de que su designación fue responsabilidad de Lorenzo Córdova Vianello, anterior presidente del instituto.
Pero hay un detalle que no puede pasarse por alto: Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE en abril de 2023 mediante un procedimiento de insaculación realizado por la Cámara de Diputados, después de que las fuerzas políticas no alcanzaran un acuerdo para designar a los nuevos consejeros.
Por lo tanto, atribuir su nombramiento exclusivamente a Lorenzo Córdova no corresponde con el procedimiento mediante el cual fue seleccionada.
Y entonces surge la pregunta: ¿por qué tanto interés en marcar distancia?
Si las investigaciones confirman irregularidades graves, el problema no se limitaría a la responsabilidad individual de quienes resulten involucrados. También podría abrir un debate sobre la relación entre el poder político y las autoridades electorales.
Y eso, precisamente, es lo que Morena tendría razones para evitar.
Investigar el pasado es correcto. Si existieron irregularidades durante la administración de Lorenzo Córdova, también deben esclarecerse y sancionarse. Pero revisar lo ocurrido anteriormente no puede convertirse en una justificación para dejar sin respuesta los señalamientos actuales.
Porque aquí está el verdadero fondo del asunto.
Morena llegó al poder con la bandera del combate a la corrupción y con la promesa de que las viejas prácticas desaparecerían. Ahora enfrenta un escándalo que amenaza con golpear precisamente uno de los principales argumentos sobre los cuales construyó su legitimidad política.
Y si algo parece preocupar a sus dirigentes no es solamente el desenlace judicial de las investigaciones, sino la posibilidad de que este episodio termine afectando la percepción ciudadana del partido rumbo a las elecciones de 2027.
¿Por qué tanta insistencia en deslindarse de Guadalupe Taddei si, como sostiene Morena, el partido no tiene responsabilidad alguna en sus decisiones?
Al final, la pregunta no es quién llevó a Guadalupe Taddei al INE, sino qué ocurrió durante su gestión, quiénes participaron en las presuntas irregularidades y hasta dónde llegarán las investigaciones.
Porque cuando la preocupación principal parece ser evitar el costo político de un escándalo, existe el riesgo de que la exigencia de justicia quede relegada a un segundo plano.
Y Morena debería tener presente algo: los daños políticos no siempre los provoca el escándalo inicial, sino la manera en que se intenta escapar de sus consecuencias.
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