COVID-19 llegó a América Latina en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica y los gobiernos no pueden salvar a la población de los daños sanitarios y económicos.

COVID- 19 rebasa toda posibilidad de acción, en especial en países pobres con gobiernos impreparados y sin vocación de servir a la población. COVID- 19 es la tormenta perfecta para recordar al ser humano que es parte de un entorno natural y su tecnología se ha desarrollado para guerras y ganar dinero, no se invierte para salvar vidas. La sociedad no cree en su gobierno. Sabe que se le usa para ganar dinero. Está en situación de abandono, es la realidad.

En el decenio posterior a la crisis financiera mundial (2010-19), la tasa de crecimiento del PIB regional disminuyó del 6% al 0,2%. El período 2014-19 fue el de menor crecimiento desde la década de 1950 (0.4%) En este contexto, la dinámica de la pandemia que trae una combinación de choques externos e internos es la causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, la lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad.

Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se prevé que la actividad económica de la región se contraiga 5.3% en 2020. En medida que la pandemia se prolongue y las medidas de distanciamiento sean necesarias, cabe esperar que la contracción sea mayor. La caída del producto interno bruto tendrá efectos negativos en el mercado de trabajo y para 2020 la CEPAL proyecta un aumento de la tasa de desocupación de 3.4 hasta llegar a una tasa del 11,5%, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados. De profundizarse la contracción económica, la tasa de desocupación será mayor.

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), COVID- 19 y las medidas de confinamiento provocan la pérdida de 10.3% de horas de trabajo en el segundo trimestre; equivale a 31 millones de empleos a tiempo completo. Junto al aumento de la desocupación, se espera deterioro de la calidad del empleo. El trabajo informal es la fuente de ingresos donde la tasa media es de 54% (OIT) Muchos de estos trabajadores no tienen acceso a servicios de salud de calidad y, dadas las características de su trabajo, están expuestos al contagio. Sus ingresos son bajos, no cuentan con ahorro para hacer frente a períodos prolongados de inactividad. No disponen de sustitución de ingresos, como seguro de desempleo que se vincula al trabajo formal. Todo afecta negativamente la dinámica de pobreza y desigualdad y el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. CEPAL estima que para 2020 la tasa de pobreza aumentará 4.4% y la pobreza extrema 2.6% respecto 2019. La pobreza alcanzaría al 35% de la población latinoamericana (215 millones) y la pobreza extrema al 13% (84 millones).

En 2019 el empleo asalariado se incrementó 1.8% (mayor tasa desde 2013), el trabajo por cuenta propia creció 2,2%, y el servicio doméstico, 1,2%. México registró mejora al subir el porcentaje de asalariados con prestaciones laborales de 62,3% en 2018 a 63% en 2019. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indican que, en el último trimestre de 2019, todas las modalidades de empleo informal sumaron 31,3 millones de personas, aumento de 2% respecto al mismo período 2018 y representa 56,2% de la población ocupada (INEGI, 2020)

En cuanto a la generación de empleo, el sector terciario muestra mayor dinamismo. Destacan comercio, restaurantes y hoteles (3%), servicios financieros, bienes raíces y servicios a empresas (2.8%) y los servicios sociales y personales (2.2%) La agricultura continúa con su tendencia de pérdida de empleos (1%)

Para acotar este daño que afecta todos los sectores productivos es necesario un pilar de políticas pública y privada que prioricen la seguridad y la salud en el trabajo. Una gestión de la seguridad y la salud laboral sea el cimiento de las políticas de retorno, cuando sea sanitariamente oportuna. El distanciamiento físico es una medida probada para reducir la transmisión, no sólo en los sitios de trabajo, en los desplazamientos a los mismos; en el ámbito de la empresa y en el de su cadena de suministro. En países el trabajo en espacios públicos alta, la posibilidad de ofrecer condiciones de higiene y protección se limita.