Roberto González Barba declinó participar en la elección del nuevo presidente estatal del PRI, para favorecer una candidatura de unidad que parece estar destinada para Edgar Melhem Salinas, por ser el más abocado para el cargo.
El veterano político nativo de Ciudad Mante pero avecindado en Tampico, publicó una Carta Abierta dirigida a los integrantes de la Comisión de Procesos Internos del PRI, donde invoca como una necesidad urgente, la recuperación de la unidad, para hacerlo un partido granítico con capacidad de ganar elecciones.
“Necesitamos una directiva de unidad para integrar a todas y todos los militantes, y no a una diosa de la guerra como en la mitología griega con una Atenea”. Aquí la alusión es para Yahaleel Abdalá Carmona, que va de salida después de una gestión desastrosa.
Agrega la Carta que “dejo constancia (de) que me sumaré a los trabajos de la nueva directiva estatal, para logar buenos resultados en la elección del 2021 y del 2022”. Vamos por un nuevo comienzo, proclama Roberto.
A propósito de novedades, trascendió que vienen los cambios largamente esperados en las delegaciones federales, pues ya se cumplió el ciclo de arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ya es tiempo de poner orden en los Estados.
Entre los inminentes nombramientos que se entregarán hay uno para el médico Felipe Garza Narváez y dado su perfil de servidor público en los tres niveles de gobierno (3 veces diputado local, delegado de PROFECO, sub-secretario general de gobierno), podría encajar en Gobernación.
Aprobado el presupuesto de egresos de la federación 2020 y consolidada la participación de la iniciativa privada en el Plan Nacional de Infraestructura, con un gasto de 859 mil millones de pesos en la etapa inicial, las delegaciones federales en los Estados deben recuperar presencia, dinamismo y vigencia.
Bajo la coordinación del super-delegado José Ramón Gómez Leal, los delegados locales cumplirán una función vital para el buen desempeño del gobierno federal, sobre todo los que son responsables de los programas sociales.
También cobra relevancia la vinculación gubernamental federal con actores políticos de otras esferas, como partidos, Ayuntamientos, el propio gobierno estatal, representantes de iglesias, sindicatos, organizaciones civiles, para establecer y mantener relaciones cordiales, de mutua colaboración, que contribuyan a la sana convivencia y entendimiento.
Garza Narváez conoce del ramo porque ha estado en áreas estratégicas y sensibles de la función pública, especialmente tres Legislaturas así como la Sub-secretaría especializada en atender los asuntos que dan permanencia a la gobernabilidad.
Por el rumbo de Matamoros, el presidente municipal Mario Alberto López Hernández atendió la visita del Embajador de Honduras en México, Alden Rivera Montes, con quien concertó compromisos para afrontar la situación de sus connacionales en el puente nuevo internacional.
El diplomático y el maestro López Hernández concertaron dos acuerdos. El gobierno de Honduras atenderá la necesidad de los hondureños apostados en las cercanías del puente, en materia de hospedaje y alimentación.
También diseñará un programa que los mantenga ocupados en actividades remunerativas, para que no caigan en el ocio y estén tentados a las acciones inadecuadas e irrespetuosas.
El Embajador asumió también el compromiso, de instalar en Matamoros una oficina permanente de la representación del gobierno de su país, y visitar cada mes esta ciudad, para verificar personalmente que se cumplan estos compromisos.
En otros asuntos, asomó otra vez el siniestro rostro de la represión política del gobierno estatal, panista, al ordenar al poder judicial reactivar un viejo expediente que involucró al gobierno municipal que encabezó Carlos Cantúrosas Villarreal, trienio 2013-2016.
El dardo envenenado disparado estaba dirigido contra Cantúrosas, pero no dio en el blanco debido a que el litigio había sido liquidado en su tiempo por un juez de distrito, que dictó el inejercicio de la acción penal, en beneficio de todos los funcionarios del Ayuntamiento de ese ciclo.
Empero, el desempolvamiento del expediente tuvo un daño colateral, en la persona de Daniel Tijerina Valdez, contra quien se giró orden de aprehensión, pero no por su gestión como tesorero municipal de Enrique Rivas Cuéllar, sino como ex contralor municipal en el Ayuntamiento de Cantúrosas Villarreal.
La historia resumida del perverso episodio prohijado por Cabeza, es la siguiente: cuando Cantúrosas Villarreal asumió el cargo edilicio en 2013, nombró como contralor municipal a Daniel Tijerina Valdez.
Tijerina hizo una revisión de oficio del desempeño del anterior gobierno municipal, que encabezó Benjamín Galván Gómez, qepd, y encontró irregularidades del que fue Secretario del Ayuntamiento, Fernando Miranda.
Como resultado de la investigación y las pruebas acumuladas, el contralor municipal emitió una inhabilitación contra el ex Secretario del Ayuntamiento, que se inconformó y con el apoyo y respaldo de sus amigos en el sexenio de Egidio Torre Cantú, consiguió “tumbar” la inhabilitación mediante amparo de la justicia federal, y contra-demandar a todo el Ayuntamiento de esa época.
Desde Cantúrosas Villarreal, el cuerpo edilicio, el Gabinete y hasta el jefe de la oficina de prensa de su gestión edilicia, desfilaron ante el juez para rendir declaración sobre el asunto, concluyéndose que no les alcanzaba responsabilidad y recibiendo en su beneficio, el inejercicio de la acción penal.
El entonces contralor municipal Daniel Tijerina Valdez fue el único que alcanzó culpa, debido a que cometió el error de firmar por su cuenta, el acta de inhabilitación del ex Secretario del Ayuntamiento Fernando Miranda, siendo que debió ser un acuerdo de Cabildo.
Es decir, los cargos imputados a Miranda ni siquiera se investigaron en la causa penal posterior, pues los defensores se apoyaron en ese tecnicismo que configuró el atropello al debido proceso, para desafanarlo.
La orden de aprehensión girada por el poder judicial que maneja Horacio Ortiz Renán contra Daniel Tijerina Valdez, es por ese viejo asunto, no por irregularidades que le imputaron siendo tesorero municipal del actual edil Enrique Rivas Cuéllar.
No fueron pocos los funcionarios y el propio Rivas Cuéllar, a quienes les temblaron las corvas y se les aflojaron los estómagos, cuando conocieron de la persecución judicial de su amigo Tijerina, pues temieron que cayera preso y soltara la sopa.
Alejandro Rojas Díaz Durán, candidato a presidente nacional de MORENA, conoció aquí este episodio surgido del odio jarocho azul, y aprovechó para llevar agua a su molino, al “destapar” a Cantúrosas Villarreal para diputado federal en 2021.
En temas aún más tétricos y macabros, ayer se produjo el sepelio de la familia asesinada en El Charco, o Congregación Garza, en Reynosa, sin que funcionarios estatales hubieran estado presentes o presentado condolencias.
La velación de los tres cadáveres, dos adultos y una niña de 14 años, ocurrió en Funerales Valle de la Paz, y el cortejo fúnebre partió de allí hasta El Charco, donde fueron inhumados.
El Charco, que fue el asentamiento original de lo que sería Reynosa, se está convirtiendo en un villorrio fantasma, pues las familias lo están abandonado por la inseguridad que nunca atendió el gobierno estatal, panista.
Es también una terrible ironía, que en el día de la celebración internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, apareciera el cuerpo inerte de una mujer en un local del barrio del Central, en Reynosa, y que en Ciudad Madero, secuestraran a una ama de casa.
Cumple años Magdiel Hernández Gámez.

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